¿Será Pedro Sánchez el primer presidente español imputado por corrupción?

Durante años, en España se ha repetido una idea casi sagrada: “nadie está por encima de la ley”. Suena bien. Queda bonito en campaña. Pero basta con rascar un poco la superficie para ver que esa frase tiene excepciones. Y una de ellas parece ser Pedro Sánchez.

Hoy, por primera vez en democracia, tenemos un presidente del Gobierno rodeado de sospechas, investigaciones y escándalos, con una querella admitida a trámite contra su entorno más cercano, una esposa implicada en adjudicaciones opacas, y medios extranjeros hablando de corrupción institucional mientras en España los grandes medios miran a otro lado.

No se trata de una acusación aislada ni de una conspiración absurda. Son hechos documentados. Contratos, favores, adjudicaciones, viajes, conexiones personales y empresariales. Y sin embargo, la reacción del Gobierno ha sido la de siempre: atacar al mensajero, acusar a los jueces, llamar “ultraderecha” a todo lo que se mueve, y blindarse detrás del relato.

Si este escenario afectara a un presidente de otro partido, el país estaría ardiendo. Las portadas hablarían de dimisión, la oposición exigiría comparecencias diarias y Europa pediría explicaciones. Pero con Pedro Sánchez, el sistema entra en modo protección automática. Los telediarios suavizan. Los medios subvencionados callan. Y los organismos públicos bajan la cabeza.

La querella que afecta a Begoña Gómez ya ha sido admitida a trámite. Hay indicios claros. Y el escándalo no para de crecer. Pero Sánchez ni se plantea dimitir, ni explicar, ni asumir ninguna responsabilidad. Al contrario: se hace la víctima, monta un show con cinco días de reflexión y luego vuelve como mártir institucional.

El problema no es solo él. Es lo que revela su caso. Que la separación de poderes está herida. Que el sistema mediático ha renunciado a su función crítica. Que la justicia solo avanza si no molesta al poder. Y que millones de ciudadanos ya no confían en las instituciones porque sienten que la ley no es igual para todos, sino para el que no molesta.

¿Será Pedro Sánchez el primer presidente español imputado por corrupción? Quizá. Pero lo que está en juego no es solo su futuro, sino el concepto mismo de responsabilidad política en este país.

Porque si se permite que un presidente atraviese un escándalo así sin dar la cara, sin dimitir, sin ser investigado a fondo, ¿qué mensaje se le está dando al resto del sistema? Que todo vale. Que con relato, dinero y poder mediático, hasta la corrupción se puede tapar.

Y no. No todo vale. Porque cuando el máximo representante del país deja de ser creíble, el daño no es solo político: es cultural, institucional y moral. Y no se arregla con un «todo es falso» leído en el teleprompter.

Imputado o no, Sánchez ha cruzado demasiadas líneas. La pregunta no es si dimitirá. Es si este país va a tolerar que la impunidad se convierta en el nuevo contrato social.