Un militar no está obligado a obedecer una orden ilegal
Esta es una cuestión de enorme importancia y conviene explicarla bien, porque durante demasiados años hemos escuchado una idea simplista: un militar recibe una orden y tiene que obedecerla.
No siempre.
Durante el programa escuchamos un fragmento sobre una sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo que recuerda un principio básico: en España no existe un sistema de obediencia ciega.
Existe obediencia legal.
Eso significa que un subordinado tiene obligación de cumplir las órdenes que se ajustan al ordenamiento jurídico.
Pero también significa algo que se menciona mucho menos:
una orden contraria a la ley no queda legitimada simplemente porque la haya dado un superior.
La obediencia tiene límites
Esto es especialmente relevante para las Fuerzas Armadas, pero el debate puede extenderse a otros servidores públicos.
Un militar no deja de tener responsabilidad por sus actos simplemente porque pueda decir después: «Me lo ordenaron».
Ese principio resulta elemental.
Precisamente por eso existen leyes, reglamentos, reales ordenanzas y tribunales.
La jerarquía sirve para organizar una institución.
No sirve para convertir una ilegalidad en una actuación legal.
El debate de Ceuta
A partir de ahí entramos en una cuestión mucho más polémica.
Durante el programa pregunté si, ante determinadas órdenes relacionadas con la situación de Ceuta, un militar debería haberlas desobedecido si consideraba que eran manifiestamente contrarias a la legalidad y a la defensa de la soberanía española.
Álvaro de Marichalar respondió que sí.
Fue todavía más lejos: sostuvo que esa responsabilidad alcanza también a policías y funcionarios.
Esa es su interpretación y conviene distinguirla del principio jurídico general.
Que una orden ilegal deba ser desobedecida no significa que cualquier persona pueda declarar ilegal una orden simplemente porque discrepe políticamente de ella.
Ese sería otro extremo igualmente peligroso.
La clave está precisamente en la palabra «ilegal».
Ni obediencia ciega ni arbitrariedad
Este debate debería hacerse con mucha más seriedad de la que acostumbramos.
Porque existen dos riesgos.
El primero es aceptar que cualquier orden debe ejecutarse porque viene de arriba.
El segundo es convertir cada institución pública en un lugar donde cada funcionario decide personalmente qué ley acepta y cuál no.
Ninguno de los dos modelos funciona.
La respuesta está en el Estado de derecho.
Y eso significa algo muy sencillo:
la autoridad también está sometida a la ley.
Un ministro.
Un general.
Un policía.
Un funcionario.
Y también el Gobierno.
Nadie está por encima de ella.
