Sospechas de fraude en las balizas que la DGT obliga a comprar

Llevo semanas recibiendo información sobre algo que afecta a todos los conductores de España: a partir del 1 de enero, la DGT obliga a sustituir los triángulos de emergencia por unas balizas “inteligentes”. Y, como siempre, la factura la pagamos nosotros.

Antes, un triángulo costaba unos 10 o 15 euros. Una baliza tradicional, 20 o 30.
La nueva baliza homologada no baja de 50 o 60 euros.

España es el único país de la Unión Europea que impone este cambio obligatorio. No hay más accidentes aquí que en el resto de Europa ni existe una razón objetiva para ser los únicos en esta norma. Durante años se hablaba de entre ocho y diez fallecidos anuales por colocar el triángulo. Pero, curiosamente, justo cuando este proyecto estaba en marcha, la cifra se disparó súbitamente a 58 fallecidos en un año. Si alguien pretende que nos creamos que es casualidad, que lo explique.

A esta obligación se añade algo todavía más grave:
cada baliza lleva asociada una conexión obligatoria durante 12 años con una compañía telefónica. Compras la baliza y automáticamente te vinculas a ese contrato. Es decir, pagas el dispositivo… y pagas el servicio. ¿Desde cuándo un elemento de emergencia en un coche implica firmar un contrato de telecomunicaciones?

La primera empresa en homologar estas balizas conectadas fue creada por dos exguardias civiles. Uno de ellos, después de arruinarse con un negocio en México, pocos años más tarde ya estaba facturando millones gracias a las balizas. Y esa misma empresa ha sido la que ha vendido las balizas para equipar los vehículos del parque móvil del Estado. Ni concurso amplio, ni alternativa real: ellos.

La justificación oficial es que debemos estar geolocalizados.
Pero la mayoría de coches ya llevan geolocalización desde 2018.
Y quien no la lleve… tiene un móvil en el bolsillo.
Es decir: no es necesario.

La pregunta es obvia:

¿Seguridad, o negocio?

En esta operación se mueven más de 100 millones de euros. Se obliga por ley a que todos los vehículos de España —coches, furgonetas, camiones— tengan esta baliza. Y para rematarlo, ya han adelantado la amenaza: si te pillan sin ella a partir del 1 de enero, 200 euros de multa.

Aquí no hay protección del ciudadano.
Aquí hay un negocio diseñado para unos pocos.

Seguridad es ayudar.
Obligar a comprar un producto concreto y vincularlo a un contrato de telecomunicaciones durante 12 años es otra cosa.

Yo no me trago esta historia.
Huele a operación política, huele a beneficio privado y huele a comisión.

Seguiré investigando.

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