Regularizar sin controlar: el agujero que nadie quiere mirar
Hay momentos en los que uno escucha algo y no puede evitar quedarse en silencio. No por falta de argumentos. Por todo lo contrario.
Hoy he hablado con el inspector de policía Alfredo Perdiguero. Y lo que cuenta no es una opinión. Es un problema real. Un agujero legal de proporciones difíciles de justificar.
Un individuo con 110 antecedentes policiales puede ser regularizado en España.
Sí, han leído bien.
No tiene antecedentes penales. ¿Por qué? Porque nunca ha llegado a juicio. Vive en la calle, no se le localiza, no comparece. Y sin juicio, no hay condena. Y sin condena, el sistema le considera limpio.
Limpio. Con 110 antecedentes.
Ese es el nivel.
Y no es un caso aislado. Perdiguero pone otro ejemplo todavía más duro: el de un falso menor que acabó violando a una niña de 14 años. Tenía antecedentes policiales. Pero como no tenía condena firme, también podría beneficiarse del mismo proceso.
Aquí es donde uno empieza a hacerse preguntas incómodas.
El truco legal que lo cambia todo
El Gobierno asegura que se revisarán los antecedentes penales. Pero la clave está en esa palabra: penales.
No policiales.
Y ahí está el problema.
Porque los antecedentes policiales reflejan detenciones, investigaciones, reincidencias. Es decir, comportamiento real. Pero no cuentan si no hay sentencia.
Y obtener antecedentes penales de origen es, en muchos casos, imposible.
Países que no colaboran. Identidades no verificadas. Personas sin documentación real.
Entonces, ¿qué se está revisando exactamente?
Nada que garantice seguridad.
La gran mentira que nadie explica
Se ha trasladado a la opinión pública que todo está controlado. Que hay filtros. Que hay garantías.
Pero cuando preguntas quién va a comprobar esos antecedentes, el silencio es absoluto.
No hay personal suficiente.
No hay medios.
Y lo más llamativo: no se ha contado con la Policía para diseñar el proceso.
En su lugar, se recurre a empresas públicas sin experiencia en extranjería.
Correos. Tragsa.
Gente que no tiene ni idea de lo que está gestionando.
El efecto inmediato: borrar expulsiones
Hay un punto todavía más grave.
En el momento en que una persona solicita la regularización, su orden de expulsión desaparece automáticamente.
Da igual el motivo.
Da igual el historial.
Da igual el contexto.
Solicitas… y te quedas.
Así, sin más.
La pregunta que nadie quiere responder
¿Por qué no se prioriza a quienes llevan años en España, trabajando, pagando impuestos, intentando regularizar su situación?
¿Por qué ellos siguen esperando?
¿Por qué los expedientes se acumulan durante años?
Y sin embargo, este proceso avanza con rapidez.
Demasiada rapidez.
Lo que está en juego
Esto no va de ideología. Va de coherencia.
Va de si un país decide regularizar con criterios objetivos o simplemente abrir la puerta sin control.
Porque cuando un sistema ignora la realidad —y la realidad son esos 110 antecedentes policiales que no cuentan para nada— deja de ser un sistema.
Y pasa a ser otra cosa.
Algo mucho más difícil de explicar.
Y mucho más difícil de controlar.
💬 Tu opinión cuenta: participa en los comentariosCarta al Rey Felipe VI: una petición ciudadana
Miles de españoles piden que la Corona ejerza su papel constitucional con ejemplaridad e independencia.
IMPORTANTE: Debes confirmar el correo que te enviará Peticion.es después de firmar. Si no lo haces, tu firma no cuenta.
