ZP avisó presuntamente a Maduro de la llegada de dos espías españoles del CNI

Durante años hemos contado en este programa que José Luis Rodríguez Zapatero mantenía una relación privilegiada con el régimen chavista. Muchos lo negaban. Otros lo justificaban. Pero las informaciones que hemos conocido en las últimas horas elevan el asunto a un nivel completamente distinto.

Ya no estamos hablando únicamente de negocios, mediaciones políticas o relaciones personales con dirigentes venezolanos. Estamos hablando de algo mucho más grave: la posibilidad de que un expresidente del Gobierno de España hubiera colaborado, presuntamente, en la detención de dos agentes españoles en territorio venezolano.

Los hechos son conocidos.

En septiembre de 2025, dos ciudadanos españoles fueron detenidos en Venezuela nada más entrar en el país. Las autoridades chavistas actuaron con una rapidez sorprendente. Según la versión oficial del régimen, se trataba de personas implicadas en una supuesta operación contra Nicolás Maduro.

Aquella versión siempre estuvo rodeada de dudas.

Sin embargo, lo verdaderamente relevante es otra cuestión: ¿cómo supieron las autoridades venezolanas quiénes eran esos hombres incluso antes de que pudieran desarrollar su misión?

Las informaciones que hemos podido contrastar apuntan a que alguien desde España alertó de su llegada. Y las sospechas sitúan esa filtración en un entorno extremadamente sensible.

Si efectivamente existió una comunicación previa que permitió identificar a estos agentes, estaríamos ante un hecho de enorme gravedad. No solo por las consecuencias que tuvo para ellos, que permanecieron encarcelados durante casi dos años en una de las prisiones más duras de Venezuela, sino porque afectaría directamente a la seguridad nacional española.

La pregunta es inevitable.

¿Quién facilitó la información?

Y aún más importante:

¿Por qué motivo se habría hecho?

Las versiones que manejan distintas fuentes apuntan a intereses relacionados con la gestión de presos políticos en Venezuela y con otros asuntos sensibles vinculados a la actividad del régimen chavista. Pero, independientemente del motivo, lo esencial es determinar si hubo o no una filtración y quién fue su responsable.

Resulta especialmente llamativo que el propio Zapatero apareciera posteriormente vinculado a las negociaciones que permitieron la liberación de los detenidos. Un hecho que, lejos de disipar las dudas, las multiplica.

Mientras tanto, dentro de los servicios de inteligencia españoles existe una profunda inquietud. La posibilidad de que información reservada relacionada con operaciones sensibles hubiera terminado en manos ajenas al Estado genera una preocupación lógica entre quienes trabajan cada día para proteger los intereses de España.

No estamos ante una polémica menor.

Si un expresidente utilizó información reservada para favorecer a una potencia extranjera o a un régimen aliado, las consecuencias políticas y judiciales serían extraordinarias.

Por eso no bastan los rumores, las filtraciones interesadas ni las declaraciones cruzadas.

Lo que hace falta es una investigación exhaustiva.

España tiene derecho a saber qué ocurrió.

Los agentes que arriesgan su vida en el extranjero tienen derecho a saber qué ocurrió.

Y los ciudadanos tienen derecho a conocer si alguien utilizó información del Estado para favorecer intereses ajenos a los de la nación.

Cuando hablamos de seguridad nacional no existen colores políticos.

Solo existe una obligación: esclarecer la verdad.

Y cuanto antes.

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