Para controlar el Censo Electoral se ha contratado a una empresa condenada junto a Indra y dirigida por un ex cargo del PSOE

Llevamos años escuchando hablar sobre la necesidad de garantizar la máxima transparencia en los procesos electorales. Por eso me parece especialmente grave la información aportada por el perito informático Gabriel Araujo.

Según explicó en nuestro programa, el mantenimiento, desarrollo y gestión informática del censo electoral español ha sido adjudicado a Babel Sistemas de Información, una empresa que, según recordó, fue condenada junto a Indra por prácticas relacionadas con estafa y fraude al Estado.

Pero hay otro elemento que añade todavía más polémica al asunto.

Al frente del área pública de la compañía figura José Alberto Pérez Cueto, exdiputado socialista del Principado de Asturias y antiguo responsable de contratación dentro de la administración autonómica.

Gabriel Araujo denunció que la adjudicación del contrato plantea numerosas dudas y aseguró haber presentado un recurso administrativo para intentar paralizarlo.

El perito recordó que el proceso electoral español se apoya en varios actores fundamentales. Según explicó, Babel gestiona el censo electoral, mientras que Indra se ocupa del recuento provisional y de la infraestructura informática del proceso, y Correos interviene en la gestión del voto por correo.

Araujo considera especialmente preocupante que la empresa adjudicataria disponga de amplias competencias sobre el sistema y que, además, el contrato haya sido otorgado siendo la única empresa presentada al concurso.

También sostuvo que existen deficiencias técnicas y administrativas que, en su opinión, deberían haber impedido la adjudicación.

Por ello, ha solicitado medidas cautelares y reclama que se preserve cualquier evidencia relacionada con el proceso antes de que el nuevo sistema entre plenamente en funcionamiento.

Durante la entrevista, Araujo lamentó la falta de reacción de los partidos políticos y defendió que sea la propia sociedad civil quien impulse las acciones necesarias para exigir transparencia.

En su opinión, la integridad del sistema electoral constituye una cuestión esencial para la salud democrática y requiere la máxima vigilancia por parte de las instituciones y de los ciudadanos.

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