Abuso de Poder y Explotación Sexual: La Cruda Realidad Tras la Hipocresía Política

Amigos, lo que les voy a contar hoy es la cara más oscura de la hipocresía política, esa que se esconde tras campañas millonarias mientras la realidad de la explotación sexual por parte de altos cargos del gobierno sigue campando a sus anchas.

El gobierno español se está gastando 4 millones de euros en una campaña para abolir la prostitución, una campaña que, por cierto, va dirigida a los hombres. Nos muestran reseñas de servicios sexuales como si fuesen agresiones, mientras el Ministerio de Igualdad pontifica sobre la cosificación del cuerpo de la mujer. Pero, ¿dónde estaban estas voces cuando se destapó el caso Tito Berni? ¿Dónde están cuando se habla de Ávalos y Coldo escogiendo a trabajadoras sexuales de una forma denigrante, tal como lo revelan esos WhatsApps que hemos leído?

La doble moral de quienes nos gobiernan

Mi compañera Susana Pastor lo deja claro: si el gobierno quisiera abolir la prostitución, ya lo habría hecho. Pero no lo hace porque sabe a lo que se enfrenta. Y es que, si el trabajo sexual estuviera regulado, muchas de estas cosas no existirían. No habría foros donde se hable de «hacerlo a pelo» porque existiría una reglamentación, un curso de información, y sobre todo, seguridad y protección para estas mujeres. La hipocresía es mayúscula: los mismos que firman la abolición, son los que, presuntamente, consumen y maltratan.

Lo peor no es que altísimos cargos como el ministro Ávalos o el diputado Tito Berni hayan consumido estos servicios. Lo verdaderamente denigrante es el trato que supuestamente han dispensado a estas mujeres. Susana y yo llevamos mucho tiempo denunciando esto, pero a las feministas y al Ministerio de Igualdad, parece que no les interesa. ¿Por qué? Porque, como ella misma apunta, «si no podéis defender a vuestras mujeres, ¿cómo vais a defender a las trabajadoras sexuales que no las escucháis?».

El testimonio desgarrador de Sara: Abuso de poder y miedo

Hoy hemos escuchado el testimonio de Sara, una trabajadora sexual de un país hispanoamericano, indocumentada en España, que ha vivido en carne propia el abuso de poder de un altísimo cargo del gobierno de España. Sara relata cómo, tras un inicio aparentemente respetuoso, este individuo comenzó a pedirle cosas que ella no podía hacer, incluyendo el consumo de drogas durante el servicio. Cuando ella se negaba, la situación escalaba.

Fue en una de sus últimas citas cuando este alto cargo, al ver su negativa, le soltó la amenaza directa: «Te mando a tu país. Yo soy la autoridad, yo puedo hacer lo que quiera». En ese momento, desveló su cargo, consciente del pavor que infundiría. Sara confirma que este hombre «me llegó a estrujar, me llegó a agarrar fuerte, a zarandearte». Es la tercera vez que escucho un relato de maltrato físico similar por parte de políticos, como ya se denunció con algunos implicados en el caso Ávalos o Tito Berni. El patrón es siempre el mismo: el abuso del poder.

El miedo de Sara es atroz. Su voz ha tenido que ser distorsionada para proteger su identidad, porque su situación legal en nuestro país la deja completamente desprotegida. Vive con el temor constante de que, si alguien la reconoce, puedan «hacer para enviarme a mi país». Este es el problema de fondo: al no estar regulado el trabajo sexual, estas mujeres están descontroladas, tienen miedo, y es ahí donde el poder de estos individuos se ejerce con mayor impunidad.

La inacción de la justicia y la necesidad de regulación

Susana Pastor ha intentado denunciar estas situaciones en la Fiscalía General del Estado, pero reconoce que a veces «no se ha podido, por ser quien eran». Es una tarea difícil, y ella misma ha sufrido acoso por ello. Es inaceptable que en pleno 2026, tengamos que esconder a estas mujeres porque los mismos que cobran millones para supuestamente ayudarlas, no están. No están porque, como dice Susana, el tiempo de la justicia es «muy lento, tan lento, tan lento, que van cayendo muchas y algunas que ni sabemos».

Existe un informe de la UCO que, según tenemos entendido, verá la luz próximamente y donde podría aparecer esta persona de la que hablamos. Ojalá, pero el problema es que hay más. Como bien subraya Susana, el mayor maltrato no viene de los clientes, sino de «personas del poder».

La pregunta es clara: si Sara pudiera declarar ante un juez, manteniendo su seguridad y la de su familia, ¿lo haría? Ella misma duda, depende de las condiciones. Su prioridad es proteger a los suyos, y si eso se pudiera garantizar, «ya veríamos». Es una pena que, mientras este gobierno se gasta 4 millones de euros en una campaña que solo sirve para la galería, la verdadera lucha contra la explotación y el abuso de poder queda desatendida. Ese dinero debería utilizarse para ayudar de verdad a estas mujeres, para protegerlas y para, de una vez por todas, regular un sector que, lejos de ser abolido, necesita garantías y derechos para quienes lo ejercen.

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Quienes deseen ampliar la información y conocer el análisis completo pueden acceder al programa íntegro en el canal de YouTube de Albert Castillón.

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