Denuncia ante el Tribunal Supremo contra Cándido Conde-Pumpido por prevaricación judicial
Una querella contra los magistrados que avalaron la amnistía
El estado de derecho en España atraviesa una crisis sin precedentes tras las últimas decisiones del Tribunal Constitucional. La organización Hazte Oír ha dado un paso al frente y ha presentado una denuncia formal ante el Tribunal Supremo contra Cándido Conde-Pumpido y los magistrados que firmaron la sentencia favorable que permite amnistiar el delito de malversación, abriendo la puerta al regreso de Puigdemont y otros implicados en el *procés*.
Para analizar el alcance de esta acción legal, hemos contado en el programa con el abogado Javier María Pérez Roldán, quien ha detallado los motivos que hay detrás de esta iniciativa judicial.
Hemos denunciado no a todos, sino a los que han firmado la sentencia favorable del Tribunal Constitucional, porque ha habido cinco magistrados que se han opuesto al ver que la malversación no debe estar cubierta por la amnistía.
La controversia radica en cómo un órgano de garantías constitucional termina enmendando la plana de forma sistemática a los tribunales ordinarios. El Tribunal Supremo es la última instancia encargada de fijar la interpretación del derecho penal, mientras que el Constitucional debe velar exclusivamente por el respeto a los derechos fundamentales y la seguridad jurídica, sin entrar a corregir tipos penales técnicos.
Un órgano de naturaleza política
Durante la entrevista, Javier María Pérez Roldán ha puesto el foco en la propia estructura del Tribunal Constitucional y en su evidente subordinación a los intereses del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tal y como ha ocurrido en anteriores ocasiones con resoluciones polémicas como la de los ERE de Andalucía.
El letrado ha recordado una anomalía estructural que diferencia a España de otros grandes estados europeos:
- Falta de jurisdicción ordinaria: Los magistrados del Tribunal Constitucional no pertenecen a la carrera judicial.
- Designación directa: Los jueces de este tribunal son nombrados directamente por los partidos políticos.
- Naturaleza mixta: Toda la doctrina reconoce que se trata de un órgano de carácter eminentemente político decidiendo sobre cuestiones estrictamente jurídicas.
La necesidad de una reforma constitucional
Ante la pregunta de si existe una instancia superior capaz de frenar estas decisiones, la respuesta evidencia los límites del sistema actual. Al estar aforados, corresponde al Tribunal Supremo investigar si existe un presunto delito de prevaricación judicial, aunque el propio funcionamiento y los equilibrios de poder actuales complican la fiscalización efectiva.
Para solucionar esta deriva institucional que debilita las garantías democráticas, Javier María Pérez Roldán apunta a una medida drástica pero, a su juicio, imprescindible: una reforma constitucional para suprimir el Tribunal Constitucional, un modelo que no existe en países como Alemania, donde el papel de última garantía jurídica recae directamente sobre el Tribunal Supremo.
Otras noticias destacadas del programa de hoy
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