JOSE LUIS RANCAÑO: Almeida ha sido chantajeado por la izquierda en el caso Mari Carmen

El caso de Mari Carmen ha vuelto a poner de manifiesto las tensiones que rodean la propiedad privada y la intervención política en los desahucios. Esta anciana, que vivió 70 años en una vivienda de renta antigua, ha sido el centro de una polémica que, según el analista Jose Luis Rancaño, destapa un chantaje político al Ayuntamiento de Madrid y a su alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Una ley de Franco y el fin de las rentas antiguas

Mari Carmen residía en un piso alquilado por su padre bajo el régimen de rentas antiguas, una ley que, paradójicamente, la izquierda defiende ahora, pero que fue implementada durante el franquismo. Fue el primer gobierno socialista el que decidió eliminar estas rentas, aunque se mantuvieron excepciones para los contratos anteriores a la Ley Boller. Para estos casos, se ofrecieron dos opciones a los inquilinos: alcanzar un acuerdo con la propiedad para actualizar la renta o permanecer en la vivienda durante, si no recuerdo mal, 30 años más.

El padre de Mari Carmen alquiló la vivienda, y tras su fallecimiento, se subrogó la madre. Cuando la madre también murió, Mari Carmen tenía derecho legal a permanecer solo dos años más, hasta 2007. Sin embargo, el propietario le permitió continuar en el inmueble hasta 2018, manteniendo unas condiciones de alquiler irrisorias. La ley, en efecto, protegía al inquilino, pero la situación de Mari Carmen había excedido con creces sus derechos legales.

Finalmente, no fue el propietario quien la desahució, sino un juez con la ley en la mano, ya que Mari Carmen no tenía derecho a continuar en la vivienda desde 2007. Se le ofreció incluso una residencia en Alcalá de Henares, que rechazó. Estuvo once años más de lo que la ley obligaba, con un alquiler que el propietario, los hermanos Ricardo y Fernando Alonso de Urbagestión, tuvieron la paciencia de mantener.

El polémico Sindicato de Inquilinos y sus portavoces

El camino hacia el desahucio de Mari Carmen estuvo sembrado de obstáculos por parte del Sindicato de Inquilinos. Estos propietarios, los hermanos Ricardo y Fernando Alonso, han denunciado un verdadero calvario: acoso, amenazas y hackeo telefónico, además de la difusión de mentiras sobre su empresa. Escuchábamos en Antena 3 cómo explicaban que la abogada del sindicato propuso una negociación, y la empresa se mostró dispuesta a un descuento del 40% sobre el valor de mercado, que en esa zona ronda los 2.400-2.500 euros. Sin embargo, el sindicato tergiversó la oferta, afirmando públicamente que se pedían 2.600 euros.

Pero, ¿quiénes son los artífices de este sindicato? Sus portavoces son personajes que sorprenden. Por un lado, Valeria Racú, nacida en Moldavia y criada en Madrid, que fue actriz secundaria y, curiosamente, ha estudiado en varias universidades y colegios patrocinados por Open Society de George Soros, como las SOAS o la United World College. Por otro lado, Fernando de los Santos Menéndez, nieto de Aurelio Menéndez, primer Marqués de Ivias y ministro de Educación con Adolfo Suárez. Pertenece a una familia multimillonaria de marqueses, propietarios de fondos de inversión con un patrimonio que supera los 220 millones de euros, y es nieto del fundador del conocido despacho Uría Menéndez, además de poseer infinidad de locales y pisos. Un perfil que choca con la imagen que pretenden proyectar.

El acuerdo y el presunto chantaje a Almeida

Finalmente, se ha llegado a un acuerdo que permite a Mari Carmen regresar a su casa. La pregunta clave es: ¿quién ha pagado por esto? La empresa propietaria ha cedido mucho, pero Jose Luis Rancaño apunta directamente al Ayuntamiento de Madrid. «Yo no tengo pruebas, Albert, pero estoy completamente seguro, completamente seguro que el Ayuntamiento de Madrid tiene algún tipo de acuerdo con el propietario para compensarle parte de la pérdida que ha supuesto la decisión que toma», afirmó Rancaño. Aunque Almeida asegura no haber pagado nada, Rancaño sostiene que no es del todo cierto, ya que el consistorio pagará un seguro multirriesgo para cubrir el posible impago de la vivienda de Mari Carmen y una asesoría fiscal.

Para Rancaño, solo hay dos razones que justificarían la decisión del propietario de ceder después de años de litigio: o está «acojonado» por amenazas y chantajes (algo grave si no se denuncia), o ha sido compensado. La conclusión del analista es tajante: «El Ayuntamiento de Madrid ha sido políticamente chantajeado y ha aceptado el chantaje».

La propiedad privada y el peligroso precedente

Jose Luis Rancaño enfatizó la importancia de la propiedad privada como pilar fundamental de la libertad individual. «Sin propiedad privada no hay libertad individual», sentenció, alertando sobre el intervencionismo estatal que busca limitar este derecho. «No hay tanta distancia de hacer un contrato de arrendamiento indefinido, como al día siguiente poner la tele y escuchar a un mamarracho decir eso de expropiese», advirtió, cuestionando dónde está el límite a estas intervenciones.

Además, Rancaño desmintió la narrativa de Mari Carmen como víctima. «Mari Carmen no ha sido una víctima. Mari Carmen ha sido una persona privilegiada durante muchos años«, argumentó. Calculó que, gracias a la ley franquista de rentas antiguas, Mari Carmen se ahorró una cantidad próxima al millón de euros a lo largo de 70 años. Presentarla como una «heroína» o «víctima» es, para él, una manipulación política.

La decisión del alcalde Almeida, según Rancaño, ha creado un peligroso precedente. «Almeida, el alcalde de Madrid, ha hecho un agravio comparativo, ha dado a entender, oigan, si a usted le van a desahuciar, pero montan frente a mi casa o la de Ayuso, la Comunidad de Madrid, un campamento, no se preocupe, que el alcalde está ahí para sacarle las castañas». Esto es un mensaje que otros van a aprovechar, pues nunca antes se había visto a un desahuciado volver legalmente a su casa en tan poco tiempo. «El Partido Popular es un partido traidor y cobarde a sus propios votantes», concluyó Rancaño, criticando la falta de una política clara de vivienda por parte de la oposición que no sea la intervención del mercado.

Desigualdad en la aplicación de la ley

Este caso también ha puesto de manifiesto la desigualdad en la aplicación de la ley en España. Rancaño denunció que la extrema izquierda que acampa en la Puerta del Sol goza de una «bula», mientras que cualquier otro ciudadano que intentara una protesta similar ante la Moncloa o Interior sería desalojado en minutos. «¿Por qué se les aplica la ley de manera diferente al resto de los españoles?», se preguntó, señalando la inacción de las instituciones ante esta doble vara de medir.

Otras noticias destacadas del programa de hoy

• Se ha revelado un informe que alerta sobre una amenaza yihadista contra militares españoles en Ceuta, con la infiltración de células terroristas.
• Un informe de inteligencia del CENIP detalla la infiltración de 72 militares marroquíes en Ceuta que estarían coordinando a los ‘invasores’.
• Se critica la ‘mano suave’ del gobierno español en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, proporcionando colchones, wifi y comida a los ‘invasores’.
• El CNI alertó al gobierno el 29 de julio sobre la inminente invasión de Ceuta, pero este lo negó, lo que se califica de mentira.
• El delegado del gobierno en Ceuta ha dimitido y se espera su imputación, mientras su jefe de gabinete, despedido, declara hoy.
• Fernando Grande Marlasca habría dado la orden de abrir la verja en la frontera española, lo que podría llevar a su imputación ante el Tribunal Supremo.

Quienes deseen ampliar la información y conocer el análisis completo pueden acceder al programa íntegro en nuestro canal de YouTube.

💬 Tu opinión cuenta: participa en los comentarios