Más de 80 ministros y altos cargos PSOE/PP colocados en empresas de energía verde

Todas las empresas de energía verde, y lo digo alto y claro, tienen en sus filas a políticos que tocan poder. No importa el nivel: autonomías, municipios, y sobre todo, el gobierno central. Son ellos, precisamente, los que cambian la legislación, los que permiten que en una zona quemada se pueda instalar aerogeneradores o placas fotovoltaicas por el supuesto ‘interés general’. ¿Y quién dictamina ese ‘interés general’? Los mismos políticos que, casualmente, acabarán trabajando en esas empresas.

He visto, y tengo pruebas de ello, cómo nos han dejado solos en la montaña, sin medios, solo la gente del pueblo con lenguas de fuego de 20 y 30 metros. Nosotros, con palas y azadillas, como David contra Goliat. Es imposible. Mientras tanto, las ayudas, si llegan, siempre lo hacen tarde. Los primeros momentos, los duros, es cuando nos encontramos abandonados. Pero las grandes empresas y los políticos, esos sí que tienen sus puertas bien abiertas.

El ‘enchufe’ como cualificación: más de 80 políticos en el sector verde

Desde que Sánchez llegó al poder, hemos asistido a un auténtico ‘boom’ de políticos que ocupan puestos de dirección en empresas de energía verde. Antes, esta tendencia no era tan descarada. Pero con la subida en bolsa y las ingentes ayudas que reciben de la Unión Europea, estas empresas se han disparado, ganando cientos, miles de millones cada año. ¿Cómo no va a estar ahí el político de un partido u otro? Los hay hasta de Podemos, buscando abrir puertas, haciendo ese papel de ‘lobby’ que tan bien conocemos. Zapatero lo ha hecho desde que dejó Moncloa, pero es que lo hacen docenas, una infinidad de cargos públicos.

Hemos calculado que más de 80 políticos están colocados en empresas de energía verde en España. Su objetivo es claro: abrir puertas, o lo que es lo mismo, ganar dinero haciendo un favor por haber sido un alto cargo. Y esto no es solo un fenómeno español. En Europa, en México, vemos cómo exministros y primeros ministros acaban en puestos directivos de estas compañías.

Permítanme un repaso a algunos nombres, para que vean que esto no es una casualidad:

• Iberdrola: Cada vez que vean un molino aerogenerador, piensen en Isabel García Tejerina, ministra del PP, que lleva ahí seis años. O en Fátima Báñez, ministra de Trabajo, también colocada en Iberdrola. Antonio Miguel Carmona, el socialista, o Emma Navarro, expresidenta del ICO. La cuestión es colocar a gente para ir moviéndose entre gobiernos, sea del PSOE o del PP.
• Abengoa: Fue líder en energías renovables y tuvo a dos primeras espadas: Josep Piqué, ministro de Exteriores con Aznar, y Josep Borrell, ministro con Sánchez y actual ministro de Exteriores de la Unión Europea. Así podían manejar, según quien gobernara, las ayudas, las subvenciones, abrir puertas.
• Iceland Green Power: Esta empresa británica se encarga de contratar a gente de confianza en España: José Manuel Soria, ministro del PP; Eduardo Serra, también del PP; y Ana Palacios, del PP. Han construido grandes centros de placas fotovoltaicas en Mallorca, Teruel y Andalucía.
• Growth Enersite Energy: Española, con nombre extranjero, fotovoltaica, eólica y solar. Ahí encontramos a Ana Virulés, ministra con el Partido Popular. Pero es que hay gente del PNV, de Junts, de Esquerra, hasta Mikel Rock. Felipe Puig, consejero de la época de Pujol. Y de Podemos, Cristóbal José Gallego, consejero en la época de Pablo Iglesias, cobrando un pastizal desde hace seis años.

El sueldo medio de los de ‘medio pelo’ es de 150.000 a 175.000 euros al año. Si eras ministro o de ahí para arriba, hasta presidente de gobierno, la cosa se dispara y supera hasta el medio millón de euros al año por decir que trabajas para esa empresa. ¿A cambio de qué? Ninguno de los que he nombrado es experto en nada de lo que se supone que debería hacer una empresa gasística, eléctrica, de aerogeneradores o fotovoltaicas. No les interesa el conocimiento, les interesa algo que es muy eléctrico, sí, y que ellos conocen bien: el enchufe. En eso, son números uno. Las puertas giratorias en su máximo esplendor.

El caso Solaria en Ménrida: ¿Interés general o particular?

Un ejemplo de lo que les cuento, y no me hagan caso si les parece casualidad, es el caso de Ménrida, en Toledo. En julio de 2025, hace un año, quemaron 3.000 hectáreas. Y este año han vuelto a quemar 2.000 hectáreas más. Justo en esa zona, una empresa española llamada Solaria proyectaba la construcción de ocho plantas fotovoltaicas inmensas.

Varias entidades, como Ecologistas en Acción y Salvemos los Campos, lograron paralizar temporalmente los trabajos. Esto fue hace un año. ¿Qué ocurrió? Hubo el incendio en julio de 2025 y un mes después, solo un mes después, el gobierno central, a través del Ministerio de Transición Ecológica, mediante la Dirección General de Política Energética y Minas, les da permiso para poner en marcha las ocho plantas fotovoltaicas.

¿La razón? Se ha publicado, es documento oficial, que se hizo por utilidad pública. Ahí está la cuestión, ese es el secreto del que les venimos hablando hace días. Los mismos políticos que acabarán trabajando en esas empresas son los que dictaminan el ‘interés general’. Por cierto, Solaria, la empresa que se está instalando en Ménrida, el año pasado ganó 137 millones de beneficio neto.

Eso no es interés general, eso es interés particular, ¿verdad? Y esto, señores, es lo que investigamos. Bienvenidos.

Otras noticias destacadas del programa de hoy.

• Se critica una reforma legal que busca dar instrucción a los fiscales y eliminar las acusaciones populares, considerándola una puerta abierta a la corrupción política.
• La designación de Yolanda Díaz como presidenta de la OIT ha supuesto un coste de 87,6 millones de euros de dinero público.
• El Tribunal Supremo abre diligencias sobre la Ley de Nietos, admitiendo petición de Justitia Europa para suspenderla y denunciando un posible uso electoral del censo CERA.
• Pedro Sánchez defendió a su esposa Begoña Gómez y a su hermano David Sánchez, condenado por enchufismo, ante acusaciones de corrupción y tráfico de influencias.
• El gobierno anunció indultos a tres políticos (uno de Puigdemont, dos del PSOE) mediante nota de prensa, evitando preguntas y generando frustración policial.
• Se denuncia la impunidad de los políticos indultados, contrastando el trato a ciudadanos comunes con el de aquellos cuyo apoyo es crucial para el gobierno, lo que perversión el sistema.

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