Menores no acompañados en Ceuta: ¿Secuestro o despropósito orquestado?

Menores en Ceuta: ¿Secuestro o despropósito orquestado?

La situación en Ceuta sigue hirviendo, y las polémicas no cesan. En medio del caos y la invasión silenciosa que hemos denunciado en este programa, ha surgido una discusión aún más grave: ¿qué pasa con los menores no acompañados? Una pregunta que muchos ciudadanos se hacen, y que nos han trasladado oyentes como Ester y Francisco, quienes no dudan en calificar lo que ocurre como un «secuestro de menores».

Ester lo planteaba con una lógica aplastante: ¿qué hacemos acogiendo a niños que deberían estar con sus padres y en su país? Si España los retiene, y Marruecos los reclama, ¿no estaríamos ante un secuestro? La pregunta es demoledora. Se habla incluso de un plan para enviar a 500 niñas a la península, una medida que solo añade más interrogantes a un panorama ya de por sí confuso.

La hipocresía marroquí y la inacción española

Lo más hiriente de todo es la doble cara de Marruecos. Por un lado, un ministro marroquí, uno de los que provocaron la invasión, exige a España la devolución de sus «hijos secuestrados». Por otro, la realidad nos golpea con una crudeza insoportable: Marruecos se niega a aceptar a sus propios ciudadanos.

Hemos sido testigos de un vídeo que lo demuestra de forma irrefutable. Un coche de servicios funerarios intentaba entregar en la frontera de Ceuta el cadáver de Mohamed Said, un joven de 21 años, uno de los 150 muertos ocurridos en la playa del Tarajal. La entrega estaba pactada, pero las autoridades marroquíes exigieron más papeles y obligaron a dar la vuelta con el cuerpo. «No aceptan muertos como para que acepten vivos», me decía un confidente, y no puedo sino estar de acuerdo. Es una verdad tan cruda como insoportable.

Esto significa, amigos, que España se ve obligada a aguantar a sus «delincuentes», a los hijos que no han querido o que se han marchado de casa. Y ahora, también a sus cadáveres. Marruecos, una y otra vez, demuestra que no se puede creer ni una palabra de lo que dicen. Mientras tanto, España, con la excusa de los «trámites» burocráticos, parece retener a estos menores, haciendo en el fondo lo que Mohamed VI, quien verdaderamente manda aquí, dicte.

La ineficacia de la vigilancia costera y el papel de Indra

Pero la situación no se limita a Ceuta. Mientras nos cuentan que han evitado los «taxis patera» y que hay control de la Guardia Civil, las imágenes nos desmienten. Hace apenas unas horas, en una cala de una urbanización en Cartagena (Murcia), llegaron pateras en pleno día, con la playa repleta de gente. Una locura. Los ocupantes, lejos de mostrar desesperación, saludaban a cámara. Cada uno de ellos había pagado entre 3.000 y 5.000 euros.

Aquí es donde entra en juego la otra cara de la moneda: la supuesta vigilancia de nuestras costas. El sistema de protección y vigilancia de costas de España, conocido como SIVE, cuenta con bastantes recursos para evitar estas llegadas, capaces de detectar embarcaciones a 20 millas de la costa, por aire, tierra e incluso de noche con radares infrarrojos. Entonces, ¿por qué fallan?

La respuesta, o al menos una parte, podría estar en una empresa que siempre aparece en «todas las sopas»: Indra. Resulta que Indra no es solo una de las empresas que se dedica a la seguridad en las costas, es la principal. Indra vigila las costas españolas para que no entren inmigrantes. Lo hace también, curiosamente, como vigila el fraude electoral.

Cada año, Indra recibe casi 100 millones de euros de nuestros impuestos para cámaras ópticas, radares con infrarrojos, inteligencia artificial para alertar de barcos sospechosos y el centro de mando para dar respuesta rápida. Y no solo eso, amigos. Al año, esta empresa recibe 2.100 millones de euros para tecnología militar y de seguridad.

La pregunta es obvia: ¿Indra controla mal nuestras costas porque es una orden política y la obedecen, o porque no saben más? Con 2.100 millones de razones para obedecer a quien gobierna, uno tiende a pensar que la ineficacia podría ser más una directriz que una falta de capacidad.

La indignación ciudadana y la «dictadura» del silencio

La indignación en la calle es palpable. Silvia Minerva, una oyente, expresaba su asco y rabia, incapaz de entender cómo podemos tener un gobierno así, con «tan poca humanidad y tan poca desvergüenza de permitir el despropósito» que viven en Ceuta. Juan Fraguas, por su parte, hablaba de una «emergencia nacional», de una España invadida, y criticaba duramente a la oposición por no plantarse en el Congreso a exigir explicaciones y soluciones.

Y es que, como bien señalaba otro oyente, Dani, la situación política en España es una «auténtica dictadura», una «vergüenza y una traición a la nación». La mezcla de «nacional socialismo» y «socialunismo» que estamos viviendo, con un presidente que se ausenta deliberadamente en momentos de crisis para evitar comparecer en las Cortes, es una muestra clara de la falta de democracia. Que la invasión de Ceuta se produjera el último día de julio, con el presidente de vacaciones, no fue casualidad. En una verdadera democracia, las Cortes, como representación de la nación, deberían llamar al presidente y este debería dejar agenda, vacaciones y hasta familia si la nación lo requiere. Pero seguimos creyendo que esto es una democracia, cuando la realidad nos grita otra cosa.

Otras noticias destacadas del programa de hoy

• Hackers argelinos revelan a Fat Ali el Jimá, consejero de Mohamed VI, como cerebro de la invasión de Ceuta, con conocimiento del gobierno español.
• Marruecos ha chantajeado a España usando la inmigración como moneda de cambio, con el gobierno de Sánchez cediendo a sus exigencias.
• La invasión de Ceuta fue un movimiento geopolítico organizado por Marruecos con apoyo de Israel y EE. UU., sin apoyo europeo a España.
• Se denuncia la elevada carga impositiva en España, donde los ciudadanos trabajan 231 días al año para pagar impuestos, calificando la situación como un «infierno fiscal».
• El gobierno de Sánchez ha contratado 200 asesores adicionales, superando los 1000, con un coste anual de 80 millones de euros.
• Oyentes critican a la Cruz Roja por su supuesta inclinación política y por ser dirigida por la mujer de Álvarez, acusándola de alimentarse del gobierno con dinero público.

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