«El mayor asesino de ETA queda en libertad y el gobierno lo permite por mantenerse en el poder»
Henri Parot, uno de los miembros más sanguinarios de ETA, ha recibido el tercer grado penitenciario y pasará a vivir en régimen de semilibertad. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, denuncia la decisión y sostiene que las víctimas vuelven a quedar relegadas frente a los intereses políticos.
La concesión del tercer grado a Henri Parot, condenado por 39 asesinatos, ha provocado una nueva reacción de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Parot llevaba en prisión desde 1990 y ya disfrutaba desde 2025 de un régimen flexible que le permitía salir de lunes a viernes para realizar actividades de voluntariado y regresar a dormir a prisión.
Ahora, tras la decisión del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, pasará al tercer grado y vivirá en régimen de semilibertad. No se trata de la extinción de su condena: según la información publicada, no la cumplirá íntegramente hasta agosto de 2028. La Fiscalía todavía puede recurrir la progresión penitenciaria ante el juzgado de vigilancia de la Audiencia Nacional.
Para Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, esta decisión resulta difícil de aceptar por la magnitud de los crímenes atribuidos a Parot y por la ausencia, a su juicio, de un arrepentimiento público suficiente.
«No es muy difícil entender que vivimos en un país donde todo eso se permite a cambio de mantenerse en el poder en Moncloa.»
Portero interpreta esta política penitenciaria como una cesión vinculada a los equilibrios políticos que sostienen al Gobierno. Es su valoración, pero refleja una indignación compartida por asociaciones como Covite y la Asociación Víctimas del Terrorismo, que también han criticado el tercer grado concedido a Parot.
Quién es Henri Parot
Henri Parot, conocido dentro de ETA con el alias de Unai, fue uno de los responsables de los denominados comandos itinerantes o comando Argala. Estas células se desplazaban por distintas ciudades, cometían atentados y abandonaban rápidamente la zona.
Parot fue detenido en Sevilla en abril de 1990 cuando conducía un vehículo cargado de explosivos con el que pretendía atentar contra la Jefatura Superior de Policía. Las diferentes condenas impuestas por sus crímenes sumaron cerca de 4.800 años de prisión, aunque el límite efectivo de cumplimiento quedó determinado por la legislación aplicable.
Fue condenado por 39 asesinatos y por su participación en numerosos atentados, entre ellos la matanza de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza del 11 de diciembre de 1987, en la que fueron asesinadas once personas, cinco de ellas niñas.
Su apellido también dio nombre a la llamada doctrina Parot, el criterio establecido por el Tribunal Supremo en 2006 para calcular los beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló posteriormente su aplicación retroactiva en 2013.
Tercer grado no significa libertad definitiva
Conviene precisar el alcance de la medida. El tercer grado permite a Parot cumplir su condena en régimen de semilibertad, pero no equivale a haber terminado la pena ni a una libertad definitiva.
El Gobierno Vasco fundamenta la progresión en los informes favorables de la Junta de Tratamiento, en su evolución penitenciaria y en varios escritos en los que Parot reconoce el daño injusto causado y rechaza el uso de la violencia. Las asociaciones de víctimas cuestionan que esas manifestaciones acrediten un arrepentimiento sincero, público y verificable o una ruptura inequívoca con el entorno que legitimó los crímenes de ETA.
Las limitaciones de las víctimas para recurrir
Portero también denuncia la escasa capacidad procesal de las víctimas para intervenir directamente en las decisiones sobre clasificación penitenciaria. En este caso, corresponde a la Fiscalía estudiar la resolución y decidir si presenta un recurso ante el órgano judicial competente.
Las víctimas y sus asociaciones pueden aportar información, formular alegaciones públicas y reclamar la actuación del Ministerio Fiscal, pero no disponen de la misma capacidad directa para recurrir que tendría una parte personada en un procedimiento penal ordinario. Para Portero, esta limitación las deja nuevamente en una posición secundaria.
«Tristemente, las víctimas seguimos en el vagón de cola para este Gobierno.»
Una decisión que exige precisión y transparencia
La concesión del tercer grado a Henri Parot puede discutirse política, ética y jurídicamente. Pero el debate debe partir de hechos precisos: Parot no ha cumplido todavía su condena, ha recibido el tercer grado y pasará a un régimen de semilibertad que puede ser recurrido por la Fiscalía.
Esa precisión no reduce la gravedad de sus crímenes ni el dolor de las víctimas. Al contrario: evita que los errores terminológicos debiliten una crítica que merece ser escuchada y debatida con toda su fuerza.
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