El Gobierno lanza decretos antidesahucios: ¿solución o barbaridad que empobrecerá y disparará los alquileres?
El gobierno ha puesto en marcha, a toda prisa, dos decretazos antidesahucio. La urgencia es evidente, pero la justificación y las consecuencias de estas medidas merecen un análisis profundo y sin tapujos. ¿Por qué dos decretos? Porque, me temo, uno de ellos está destinado al fracaso, mientras que el otro, aunque se espera que salga adelante, es una auténtica barbaridad que tendrá efectos devastadores.
La barbaridad de los alquileres indefinidos
El primer decreto es una propuesta propia de regímenes como el de Hugo Chávez o Díaz Canel en Cuba, y no de una democracia que respeta la propiedad privada. Responde, al parecer, a las exigencias del Sindicato de Inquilinos y plantea la obligación de firmar alquileres indefinidos. Lo han oído bien: propone la renovación automática del alquiler sin que el propietario pueda siquiera abrir la boca o poner nuevas condiciones. Es una injerencia inaceptable en el derecho a la propiedad y en la libertad contractual. No tengo ninguna duda de que este decreto no saldrá adelante, porque es una barbaridad que atenta directamente contra los principios básicos de un mercado libre y justo.
Un segundo decreto con consecuencias desastrosas
El segundo decreto, el que previsiblemente sí saldrá adelante, no es menos preocupante. Ofrece protección antidesahucios hasta 2030, una prórroga de dos años de los contratos en vigor y, quizás lo más grave, la prohibición de que los fondos de inversión puedan invertir en el sector inmobiliario hasta 2028. Esta medida, lejos de ser una solución, es un atentado contra la economía y los ahorros de muchos ciudadanos.
Las consecuencias de esta decisión son claras y perjudiciales. En primer lugar, provocará el empobrecimiento de muchos ciudadanos. Aquellos que tengan sus ahorros, por pequeños que sean, en fondos de inversión bancarios verán cómo su porcentaje de rentabilidad disminuye, ya que estos fondos no podrán operar en el sector inmobiliario hasta 2028. Es decir, se penaliza el ahorro y la inversión, restando dinamismo a nuestra economía.
En segundo lugar, y esto es crucial para miles de personas, la prohibición a los fondos de inversión y las condiciones impuestas a los propietarios generarán un efecto perverso en el mercado del alquiler. ¿Quién va a querer alquilar su propiedad con estas condiciones? ¿Quién se arriesgará a un contrato indefinido o a prórrogas forzadas hasta 2030, con la incertidumbre y la falta de control que esto implica?
La respuesta es obvia: nadie. O muy pocos. Los propietarios, ante esta situación de inseguridad jurídica y de falta de incentivos, optarán por poner sus pisos a la venta. Esto significa una drástica reducción de la oferta de viviendas en alquiler, lo que, por pura ley de mercado, conducirá a un aumento de los alquileres. Es una paradoja cruel: el gobierno, con la excusa de proteger a los inquilinos, acabará perjudicando a aquellos que buscan una vivienda de alquiler, encareciendo aún más el acceso a ella.
Estos decretos, lejos de resolver el problema de la vivienda, lo complican aún más, creando inseguridad jurídica, ahuyentando la inversión y, en última instancia, empobreciendo a muchos y dificultando el acceso a la vivienda para todos. Es una política que, lamentablemente, parece más orientada a la ideología que a la eficacia real.
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