Denuncian a un inquilino moroso que lleva meses sin pagar una habitación en Madrid y se niega a marchar

Una situación insostenible de impago y convivencia se ha convertido en el centro de atención tras la denuncia pública realizada en nuestro programa. Una propietaria de vivienda ha expuesto el calvario que atraviesa desde que alquiló una de sus habitaciones a Andrés Gonzalo Maduro Galindo, identificado como familiar de la realeza europea. Según el testimonio ofrecido ante nuestros micrófonos, el inquilino ingresó inicialmente en la vivienda tras abonar un periodo corto de 15 días en el mes de julio, mostrando un trato educado y un perfil Aparentemente impecable que facilitó el acuerdo.

Sin embargo, lo que debía ser una estancia temporal se convirtió en un problema prolongado cuando el ocupante comenzó a retrasar la firma de un contrato de larga duración y a eludir sus obligaciones económicas. De acuerdo con la denuncia de la propietaria, el inquilino acumula los impagos correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre, mientras continúa disfrutando de las instalaciones de la vivienda compartida con el resto de inquilinos.

La llamada a la policía y la negativa a desalojar

El conflicto escaló cuando la propietaria, acompañada por su marido, acudió al inmueble para exigir la entrega de la habitación tras los repetidos incumplimientos. En ese momento, el inquilino llamó a la policía alegando encontrarse en una situación de vulnerabilidad por edad —manifestando tener unos 60 años— y argumentando que los propietarios pretendían echarle a la fuerza a la calle.

Cuando llegó la policía, yo dejé las puertas abiertas porque ya había escuchado que había llamado. Le dijimos a los agentes que el señor estaba allí y que había prometido entregar la habitación ese mismo día, pero se negaba a marchar.

Al comprobar que la vía de la Policía Nacional no permitía una solución inmediata para este tipo de supuestos en el ámbito de alquiler de habitaciones, la afectada se vio abocada a iniciar un proceso por la vía civil. Según relata, tuvo que recurrir a la contratación de un abogado para tramitar toda la parte legal necesaria ante la negativa rotunda del residente a abandonar el inmueble.

Un perfil con conocimiento de causa

Durante las conversaciones mantenidas en el piso con el resto de residentes y la propia propietaria, el afectado habría alardeado de su nivel social y de conocer perfectamente cómo afrontar este tipo de situaciones legales. Ante la sugerencia de acudir a servicios sociales si atravesaba dificultades económicas, la reacción fue de enfado, asegurando que no necesitaba ayudas y cuestionando a quién se dirigían.

La propietaria ha querido hacer público su caso para advertir a otros arrendadores sobre este tipo prácticas, lamentando el perjuicio económico que supone para personas trabajadoras que dependen exclusivamente de los ingresos del alquiler para llegar a fin de mes en Madrid.

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