El teniente José Manuel Candón denuncia ante los micrófonos el uso de material explosivo defectuoso en Defensa

Las responsabilidades institucionales y la seguridad en el ámbito de la defensa vuelven a estar en el centro del debate tras las graves revelaciones aportadas por el teniente José Manuel Candón. En una intervención directa, Candón ha denunciado públicamente que se permitió a militares practicar con material explosivo defectuoso autorizado por una unidad superior del Ministerio de Defensa, una situación que, según sus palabras, derivó en un trágico balance de cinco fallecidos y dos heridos graves debido al uso de ese material inútil.
Las secuelas y la respuesta económica del Estado
El testimonio del teniente no se limita al accidente en sí, sino que traslada el foco a la posterior respuesta de los responsables políticos ante las reclamaciones de los afectados. Candón relata que, al abordar la cuestión de las indemnizaciones, la ministra Margarita Robles le trasladó por teléfono que no se podía proceder al pago porque supondría un perjuicio a las arcas del Estado.
A raíz de esta postura, el teniente advierte sobre el calvario judicial al que se enfrentan las familias: los heridos y los allegados de los fallecidos se ven obligados a buscar representación legal y a litigar contra el propio Estado, una institución que, en su opinión, desplegará toda su maquinaria jurídica para conceder lo mínimo o nada. Para Candón, esta práctica de autorizar el uso de elementos inútiles no debería considerarse un hecho aislado, sino una circunstancia susceptible de ser extrapolada al resto de dependencias que dependen de la administración estatal.
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