ADIF invertía todo en construcción, no en seguridad, para quedarse con mordidas de las constructoras

Las sospechas sobre presuntas comisiones en los contratos de ADIF y sobre nombramientos familiares requieren una investigación que llegue hasta el final. Esa es la denuncia que planteo tras el contacto de una persona a la que describo como alguien importante dentro de la empresa. Su relato apunta a una supuesta utilización de las grandes obras para desviar dinero hacia el PSOE y hacia determinados dirigentes.

Mi reproche político es directo: no basta con una dimisión para aclarar cómo se adjudicaron las obras, qué ocurrió con el mantenimiento y quién tomó las decisiones sobre seguridad. La responsabilidad no puede agotarse en el relevo de un ministro si quedan contratos y actuaciones por esclarecer.

La tesis que traslado de esas fuentes es que ADIF habría priorizado la construcción sobre la seguridad porque las grandes adjudicaciones permitirían obtener presuntas comisiones.

Grandes obras y prioridades bajo sospecha

En mi intervención sitúo el foco en un programa de inversiones que ADIF habría anunciado en 2024: 24.100 millones de euros para el periodo 2024-2026. Lo describo como el más ambicioso de su historia y cuestiono que, dentro de esa cantidad, la seguridad recibiera la atención necesaria frente a túneles, estaciones, nuevas vías y soterramientos.

Entre los ejemplos que cito está el soterramiento de las vías de entrada a Valencia, que atribuyo a una unión de empresas encabezada por Dragados por 443,4 millones de euros. También menciono actuaciones de soterramiento en otros municipios y la presencia recurrente de grandes constructoras en las adjudicaciones.

Mi sospecha es que esas obras podían proporcionar un doble rendimiento: el beneficio electoral de resolver un problema en una ciudad y, presuntamente, una comisión destinada a financiar al partido o a enriquecer a algunos responsables.

Lo que reclamo es que se aclare si detrás de las decisiones hubo criterios de servicio público o intereses ajenos a él. La denuncia sobre el reparto de recursos y la denuncia sobre posibles sobornos están relacionadas en mi planteamiento, pero no son la misma cuestión y necesitan comprobaciones propias.

Los contratos que sitúo bajo investigación

Afirmo que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investiga contratos de Acciona con ADIF correspondientes a los años 2018 a 2021, por un total de 637 millones de euros. Menciono obras en Logroño, Sevilla y Murcia, además de un soterramiento en Cataluña.

También atribuyo a esa investigación la sospecha de comisiones del 2 % y aludo a supuestos pagos destinados al partido y a responsables políticos.

Extiendo mis preguntas a adjudicaciones de Ferrovial y menciono a otras constructoras, entre ellas FCC, COMSA y Dragados, al repasar antecedentes e investigaciones que les atribuyo. Lo exigible es esclarecer cada adjudicación y cada presunto pago.

Concha Casillas y las denuncias de nombramientos familiares

La otra parte de mi denuncia se centra en Concha Casillas Martín, a quien identifico como directora general corporativa de gestión de personas, estrategia y seguridad. Las fuentes de ADIF que menciono le atribuyen un poder interno superior al que reflejaría la posición del presidente de la compañía.

Según esas mismas fuentes, Casillas habría favorecido la incorporación de su hijo como jefe de área de operaciones comerciales y mantenimiento, con funciones en Madrid y Arabia Saudí, sin concurso público. Es la denuncia de nepotismo que traslado de fuentes de ADIF.

Asimismo, menciono a Luis Llamas, Almudena Hernando y Juan José Hernando al denunciar una supuesta cadena de nombramientos entre familiares. Mi crítica es que las relaciones personales habrían sustituido a los criterios profesionales.

Seguridad, mantenimiento y responsabilidades

Cuestiono además la idoneidad de Salvador Almenar, a quien presento como director de seguridad de ADIF y periodista.

También señalo la contratación del mantenimiento de la línea Madrid-Sevilla con una empresa a la que atribuyo una sanción de 17 millones de euros en 2021 por amañar contratos. Mi reproche vuelve a ser el mismo: las decisiones sobre mantenimiento y seguridad merecen tanto escrutinio como las grandes obras.

Exijo una investigación a fondo sobre los contratos, los nombramientos y las decisiones de seguridad y mantenimiento. Hay víctimas y familias que merecen respuestas. Apoyaré a la Fiscalía y a los abogados hasta que se esclarezca lo ocurrido y se determinen responsabilidades.

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