El desquiciamiento de Pedro Sánchez y su obsesión por retener el poder cueste lo que cueste

Estamos asistiendo a la enésima maniobra de Pedro Sánchez para intentar retorcer la voluntad popular y cometer lo que considero un fraude contra las reglas más elementales de la convivencia democrática. Quien observe con atención el comportamiento del presidente del Gobierno durante estas últimas semanas comprobará que su actitud responde a la de un gobernante acorralado, un narcisista herido en su orgullo que simplemente no asimila que una parte mayoritaria de la sociedad española haya decidido darle la espalda. Su deriva no es una sorpresa para quienes venimos advirtiendo desde hace años sobre la naturaleza autoritaria de su proyecto, pero la intensidad de su desquiciamiento ha alcanzado cotas que ningún demócrata puede ignorar.

Un perfil de estas características no comprende las leyes básicas de la política ni de la alternancia institucional. En su mente resulta inasumible que la ciudadanía no le rinda pleitesía ni celebre como una bendición el simple hecho de tenerle al frente del Ejecutivo. Ni siquiera los constantes sondeos de opinión cocinados a su medida por el Centro de Investigaciones Sociológicas logran ya tapar el descontento social generalizado. Al verse despojado de la adhesión ciega de la calle, Sánchez se descompone y recurre a la sobreactuación más ridícula: le vemos bailando en los mítines en un intento patético de transmitir cercanía popular —imitando las puestas en escena de mandatarios populistas como Nicolás Maduro antes de precipitarse al abismo penal— o forzando gestos impostados de afecto hacia su entorno íntimo para desviar la atención de los escándalos de corrupción que asedian a su círculo más próximo.

El desvío de la atención ante los escándalos

Todo ese espectáculo propagandístico persigue un único objetivo: tender una cortina de humo sobre las sospechas que cercan a su Gobierno y a su propia familia. Cuando Sánchez teatraliza besos con su mujer en los actos electorales o improvisa coreografías en los escenarios del partido, lo hace con la desesperada intención de que no se hable de los procedimientos judiciales en curso, de las tramas de corrupción, de los lingotes de oro, del dinero bajo sospecha ni del saqueo institucional que ha caracterizado su mandato.

No estamos ante una estrategia política ordinaria ni ante un líder que defienda un modelo de Estado con argumentos. Lo que tenemos delante es un mandatario capaz de afirmar en público lo contrario de lo que piensa con una frialdad y una normalidad que resultan alarmantes. Basta escuchar sus propias declaraciones cuando los medios le preguntan por su estado de ánimo y su futuro político. El propio Sánchez lo expresaba sin ningún tipo de pudor con estas palabras:

«Yo me encuentro muy animado, me encuentro optimista respecto a qué es lo que va a suceder el próximo 29 de noviembre, porque creo conocer bien a la sociedad española y, por tanto, bueno, pues si no es de una manera, pues será de otra, pero estoy convencido de que en la senda de avance que hemos emprendido hace ocho años pues va a continuar cuatro años más».

Esa frase encierra la verdadera naturaleza del sanchismo: «si no es de una manera, será de otra». Esa confesión desnuda la mentalidad de un dirigente que no contempla someterse al dictamen pacífico de las urnas si el resultado le es adverso. No concibe abandonar el Palacio de la Moncloa. Advierte abiertamente de que, si no consigue la investidura por los cauces habituales de la voluntad ciudadana, buscará cualquier resquicio, componenda o atajo para mantenerse en el sillón cuatro años más.

Una estructura orientada a eludir la acción de la Justicia

Desde mi perspectiva, la permanencia de Sánchez en la presidencia no responde a una visión de país ni a la ejecución de un programa ideológico, sino al funcionamiento de una maquinaria de poder perfectamente engrasada que comparte con figuras como José Luis Rodríguez Zapatero y otros dirigentes afines. Un entramado concebido fundamentalmente para dos propósitos inseparables: saquear los recursos públicos acumulados durante casi una década y, sobre todo, controlar los resortes del Estado para evitar sentarse en el banquillo de los acusados.

El presidente es plenamente consciente de que perder el poder no significaría marcharse plácidamente a su residencia particular a disfrutar de los beneficios acumulados. Para él, abandonar el Gobierno equivale a despojarse del escudo institucional que hoy frena y neutraliza las investigaciones judiciales y policiales sobre su entorno. La pérdida de las riendas del Estado pondría fin a la interferencia política sobre los organismos fiscalizadores y abriría de par en par las puertas de la responsabilidad penal que naturalmente se deriva de presuntas conductas delictivas. Esa es la verdadera razón de su empecinamiento y de su resistencia numantina a marcharse.

La necesidad de una vigilancia ciudadana implacable

Por estos motivos, la sociedad civil y las instituciones democráticas que aún preservan su independencia deben mantener una vigilancia extrema. La pérdida electoral del Partido Socialista, que las encuestas anticipan como un hecho consumado por el desgaste irreversible de su figura, no garantizará por sí sola una transición pacífica ni la retirada voluntaria de Pedro Sánchez de la vida pública. Un gobernante de rasgos autoritarios no admite la derrota democrática: intentará maniobrar hasta el último minuto y, si fuera necesario para forzar su retorno al poder, no vacilaría en alentar la confrontación y la desestabilización en las calles.

La gravedad del momento exige que los ciudadanos no caigan en la complacencia ni en el engaño del optimismo impostado de la Moncloa. Sánchez está desquiciado porque el suelo electoral se le hunde bajo los pies, y es precisamente cuando se siente acorralado cuando resulta más peligroso para el orden constitucional y las libertades de todos los españoles.

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