Gabriel Araújo: «La Junta Electoral está formada por jueces colocados por los partidos que no actúan con independencia»
La situación de la Junta Electoral Central se ha convertido en otro de los puntos clave del conflicto abierto alrededor de la llamada Ley de Nietos y de sus posibles efectos electorales.
Durante el programa hablé con Gabriel Araújo, perito informático que lleva tiempo siguiendo este asunto y que fue especialmente crítico con el funcionamiento de la Junta Electoral.
Su valoración fue clara: no considera que se trate de un órgano electoral verdaderamente independiente, porque, según explicó, sus integrantes están condicionados por el sistema político que interviene en su designación.
Araújo resumió la situación así: la Junta Electoral está profundamente dividida y, a su juicio, esa división responde directamente a los bloques políticos existentes.
Una votación dividida por siete a seis
Araújo señaló que actualmente existe dentro de la Junta Electoral Central una mayoría mínima de siete votos frente a seis.
Y precisamente esos seis votos fueron uno de los elementos que más llamó su atención.
Según explicó, seis vocales de la Junta Electoral Central votaron contra el criterio derivado del auto de medidas cautelares del Tribunal Supremo relacionado con los efectos electorales de la Ley de Nietos.
Para Araújo, esta situación resulta especialmente preocupante porque evidencia hasta qué punto existen posiciones enfrentadas dentro del propio organismo encargado de velar por el funcionamiento del sistema electoral.
No estamos hablando de una discrepancia menor.
Estamos hablando de una división prácticamente por la mitad en una cuestión que afecta directamente al censo electoral y a las próximas elecciones generales.
El caso de Pilar Teso
El nombre que apareció inmediatamente durante nuestra conversación fue el de Pilar Teso.
Araújo destacó que Teso reúne dos condiciones especialmente relevantes para este asunto: es vocal de la Junta Electoral Central y, al mismo tiempo, magistrada del Tribunal Supremo.
Según expuso durante el programa, Teso formó parte del bloque de seis vocales que se posicionó contra el criterio relacionado con las medidas cautelares adoptadas por el Supremo.
Pero Araújo añadió otro elemento que considera todavía más importante.
La magistrada pertenece a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la misma jurisdicción que debe intervenir en el recurso principal relacionado con la Ley de Nietos.
Y ahí es donde él sitúa el problema.
Araújo habla de una posible incompatibilidad
Para Gabriel Araújo, la presencia de una magistrada con voz y voto dentro de la Junta Electoral Central y, al mismo tiempo, perteneciente a la sala que debe conocer judicialmente del asunto plantea una cuestión que debería analizarse.
Lo definió como una posible causa de abstención e incompatibilidad.
Su argumento es que existe una coincidencia de funciones que, en su opinión, compromete la apariencia de imparcialidad.
Por una parte, se participa en las decisiones de la Junta Electoral.
Por otra, se pertenece al órgano judicial que debe resolver sobre el conflicto.
Araújo considera que esta situación debería ser examinada con especial atención porque afecta directamente a la confianza que los ciudadanos pueden depositar en las instituciones encargadas de garantizar la limpieza de un proceso electoral.
«No es un órgano independiente electoralmente»
El diagnóstico de Araújo fue todavía más amplio.
Según explicó, la Junta Electoral Central no puede considerarse completamente independiente del poder político porque su composición termina reflejando las distintas sensibilidades y equilibrios políticos.
Esa es su interpretación de la división observada en este caso.
Una mayoría mínima de siete frente a seis.
Dos bloques claramente enfrentados.
Y magistrados que, además de formar parte de la Junta Electoral, pueden encontrarse posteriormente ante procedimientos judiciales relacionados con esas mismas decisiones.
Araújo considera que este escenario demuestra que el problema de fondo no se limita exclusivamente a la Ley de Nietos.
Lo que está en discusión es la independencia de los órganos encargados de supervisar el sistema electoral español.
El conflicto entre la Junta Electoral y el Supremo
La cuestión adquiere todavía más relevancia después de la intervención del Tribunal Supremo.
Araújo explicó que el Supremo adoptó medidas cautelares después de analizar los efectos electorales vinculados a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y a la instrucción posterior que desarrolló su aplicación.
A partir de ahí se produjo la división dentro de la Junta Electoral Central.
Según su interpretación, seis de sus vocales se posicionaron frente al criterio establecido por el Supremo.
Para Araújo, resulta difícil explicar que exista una confrontación institucional de esta naturaleza precisamente en una cuestión relacionada con el censo electoral.
Por eso insistió en que la ciudadanía debe conocer exactamente quién toma las decisiones, qué cargos ocupa cada persona y qué posibles conflictos existen entre unas funciones y otras.
Transparencia antes de las elecciones
Todo este debate tiene una consecuencia inmediata.
Las decisiones sobre el censo no son una cuestión administrativa menor.
Determinan quién puede votar, dónde puede hacerlo y en qué circunscripción se contabiliza ese voto.
Por eso cualquier duda sobre la independencia de los organismos responsables adquiere una relevancia especial cuando se acercan unas elecciones generales.
Araújo reclamó durante nuestra conversación máxima transparencia electoral.
Quién forma parte de la Junta Electoral.
Quién ha nombrado a sus integrantes.
Cómo vota cada uno.
Qué otras responsabilidades judiciales desempeñan.
Y si existen situaciones en las que alguno de ellos debería abstenerse de intervenir.
Son preguntas perfectamente concretas.
Y deberían tener respuestas igualmente concretas.
Un sistema bajo sospecha para Araújo
Gabriel Araújo fue mucho más lejos en su valoración personal.
Considera que existen intereses políticos dentro de determinadas instituciones que deberían actuar con absoluta neutralidad y que esa situación pone en riesgo la confianza en el sistema electoral.
Es una acusación grave.
Precisamente por eso merece ser analizada con documentos, resoluciones, votaciones y nombres.
No mediante consignas.
Si las instituciones funcionan con plena independencia, debe poder demostrarse.
Y si existen incompatibilidades, conflictos de intereses o interferencias políticas, también deben conocerse.
En unas elecciones, la confianza en el resultado comienza mucho antes de introducir una papeleta en una urna.
Comienza en la independencia de quienes establecen y supervisan las reglas.
