Miguel Ángel Pérez: «Me aseguran que Conde-Pumpido ya está preparando dos vías para que la Ley de Nietos esté en vigor en las generales»
La decisión del Tribunal Supremo de adoptar medidas cautelares sobre los efectos electorales vinculados a la Ley de Nietos abrió un escenario que, en principio, parecía favorable para quienes llevan años cuestionando la forma en la que se ha aplicado esta norma.
Pero la batalla judicial está lejos de haber terminado.
Durante el programa hablé con Miguel Ángel Pérez, periodista que sigue de cerca el recorrido judicial del asunto y que trasladó una información especialmente relevante: según las fuentes que ha consultado, Cándido Conde-Pumpido y el Tribunal Constitucional podrían convertirse en la siguiente pieza clave del procedimiento.
Pérez fue muy concreto.
Según explicó, sus fuentes le aseguran que Conde-Pumpido estaría preparando dos posibles vías para que la Ley de Nietos pueda volver a tener efectos electorales antes de las próximas elecciones generales.
No estamos hablando todavía de una resolución adoptada. Estamos hablando de los posibles recorridos judiciales que, según Pérez, se están estudiando.
Primera vía: un recurso de amparo inmediato
La primera posibilidad sería la más rápida.
Pérez explicó que el Gobierno podría actuar a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Ese recurso solicitaría como medida cautelar que quedara sin efecto la suspensión acordada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
En otras palabras: se pediría al Constitucional que suspendiera la propia suspensión mientras se resuelve el fondo del asunto.
Según Pérez, este recurso podría plantearse incluso en las próximas semanas.
De prosperar esa vía, el efecto práctico sería que la aplicación electoral discutida podría recuperar vigencia antes de que exista una sentencia definitiva del Supremo.
Pérez sostiene que esta sería la vía más corta para neutralizar temporalmente las medidas cautelares.
Segunda vía: esperar a la sentencia del Supremo
La segunda posibilidad sería más lenta.
Consistiría en esperar a que la Sala Tercera del Tribunal Supremo dicte sentencia sobre el fondo del recurso.
Pérez explicó que, aunque algunos medios habían apuntado inicialmente a un plazo aproximado de tres meses, sus fuentes consideran que ese calendario podría alargarse.
Su previsión sitúa una eventual resolución entre enero, febrero o marzo.
A partir de ahí podría repetirse el mismo esquema.
El Gobierno, nuevamente a través de Fiscalía y Abogacía del Estado, podría presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo.
Y junto a ese recurso solicitaría nuevamente una medida cautelar para dejar sin efecto la suspensión de los efectos electorales mientras el Constitucional estudia definitivamente el asunto.
Es decir, según la información que trasladó Pérez, existen dos caminos distintos que terminarían en el mismo punto: el Tribunal Constitucional.
El factor tiempo antes de las elecciones
El elemento fundamental de todo este recorrido judicial es el calendario.
Pérez considera que cualquiera de estas dos opciones permitiría ganar tiempo hasta las próximas elecciones generales.
Su planteamiento es que, aunque el Supremo haya adoptado medidas cautelares, el recorrido procesal todavía ofrece suficientes posibilidades para que el Constitucional intervenga antes de que se celebren las elecciones.
Y aquí aparece la principal preocupación que trasladó durante nuestra conversación.
Según Pérez, existe una enorme inquietud en determinados ámbitos judiciales sobre lo que pueda suceder durante los próximos meses.
La cuestión no es solamente cuál será la resolución definitiva.
La cuestión es qué norma estará produciendo efectos el día en que los españoles vuelvan a votar.
Porque una medida cautelar puede modificarse.
Una sentencia puede recurrirse.
Y un recurso de amparo puede abrir otro escenario cautelar.
Conde-Pumpido, en el centro del recorrido judicial
Para Miguel Ángel Pérez, todo termina desembocando en el mismo lugar: el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido.
Durante nuestra conversación aseguró que ahí reside precisamente la gran preocupación.
Su análisis es que el Gobierno podría utilizar cualquiera de los dos recorridos descritos para llevar el asunto ante el Constitucional y solicitar una nueva decisión cautelar.
Pérez considera además que el calendario podría convertirse en un factor determinante.
Si el procedimiento ante el Supremo se prolonga hasta comienzos de 2027, el recurso posterior ante el Constitucional situaría nuevamente la discusión muy cerca del siguiente proceso electoral.
Por eso resumió el escenario con una frase muy clara:
por el camino corto o por el camino largo, el asunto terminaría llegando al Tribunal Constitucional.
Qué está realmente suspendido
Durante la conversación introdujimos además una precisión importante.
Gabriel Araújo recordó que no toda la Ley de Nietos ha quedado suspendida.
Según explicó, las personas que encajan directamente en los supuestos previstos en la disposición adicional octava mantienen sus derechos.
La discusión judicial afecta especialmente a la aplicación derivada de la instrucción administrativa de Sofía Puente y a la extensión que dicha instrucción habría dado a los supuestos inicialmente establecidos.
Esta distinción es fundamental.
Cuando se habla de suspensión de la Ley de Nietos puede parecer que todo el sistema de nacionalizaciones y todos los derechos electorales derivados de él han quedado paralizados.
No es exactamente eso lo que se está discutiendo.
El conflicto judicial se centra en determinar qué expedientes responden directamente a la ley y cuáles se beneficiaron de la interpretación ampliada de aquella instrucción.
Y precisamente ahí aparece otra dificultad.
Araújo señaló que existen expedientes en los que puede resultar complicado determinar retrospectivamente bajo qué supuesto concreto se concedió la nacionalidad.
Una batalla judicial todavía abierta
La decisión del Supremo no significa, por tanto, que el asunto esté cerrado.
Las medidas cautelares son, por definición, provisionales.
Queda pendiente la sentencia sobre el fondo.
Después pueden llegar recursos.
Y finalmente puede intervenir el Tribunal Constitucional.
Miguel Ángel Pérez sostiene que esa fase ya se estaría preparando y que existen dos estrategias procesales posibles para intentar recuperar los efectos electorales discutidos antes de las próximas elecciones generales.
Ahora habrá que comprobar si alguna de esas vías llega realmente a plantearse.
Porque la próxima batalla sobre la Ley de Nietos puede no librarse ya en el Tribunal Supremo.
Puede librarse en el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido.
