Hacienda se gasta casi un millón de euros para espiarnos en redes sociales

Esto ya no va de impuestos. Va de vigilancia.

Mientras los españoles baten récords de recaudación fiscal, Hacienda ha decidido gastar casi un millón de euros en espiar a ciudadanos a través de redes sociales. No es una teoría conspirativa ni un rumor de internet. Lo explica con datos Gabriel Araújo, perito informático y experto en ciberseguridad, en este programa.

Y lo más inquietante no es solo el gasto. Es el método.

Qué ha hecho exactamente Hacienda

Según se ha explicado en Castillón Confidencial, la Agencia Tributaria ha licitado contratos para crear perfiles falsos en redes sociales —Instagram, TikTok, X— con el objetivo de vigilar a usuarios, algunos con hasta 100.000 seguidores, y comprobar si su estilo de vida coincide o no con lo que declaran fiscalmente.

Todo esto ocurre en un contexto paradójico:
España acaba de registrar el mayor récord histórico de recaudación, superando los 300.000 millones de euros, con más de 27.000 millones adicionales respecto al año anterior.

Y aun así, se destina dinero público a espiar a ciudadanos en redes.

¿Es legal lo que están haciendo?

Aquí viene el punto más delicado.

Araújo recuerda que muchos juristas y economistas consideran que estas prácticas, si las realizara un particular, serían delictivas.
Sin embargo, cuando lo hace el Estado, todo queda en una zona gris.

La pregunta es evidente:
¿Dónde termina la lucha contra el fraude y dónde empieza la persecución encubierta?

Vigilancia masiva y perfiles falsos

No hablamos de una inspección puntual. Hablamos de monitorización sistemática, de observar publicaciones, viajes, consumo, fotografías, relaciones y mensajes públicos para construir perfiles de riesgo fiscal.

Y todo ello sin que el ciudadano lo sepa, sin notificación previa y sin control judicial específico.

El precedente que se abre

El problema no es solo Hacienda.
El problema es el precedente institucional.

Si el Estado normaliza el uso de perfiles falsos para vigilar ciudadanos, mañana puede hacerlo cualquier otro organismo.
Y pasado mañana, cualquiera con poder.

Araújo lo advierte con claridad: esto debe llegar a los tribunales. Porque si no se frena ahora, la frontera entre control fiscal y vigilancia social desaparece.

Pagamos más impuestos que nunca.
Tenemos menos privacidad que nunca.

Y ahora sabemos que parte de ese dinero se usa para observarnos desde la sombra, en el mismo lugar donde compartimos nuestra vida cotidiana.

No es tecnología.
No es modernización.

Es vigilancia.

Y merece una explicación pública.

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