Los 1.000 millones que no fueron para Valencia: destino de las subvenciones públicas

Mientras decenas de miles de familias valencianas siguen esperando las ayudas por la catástrofe de la Dana, el dinero público fluye sin problemas hacia sindicatos, medios de comunicación y gobiernos extranjeros. El contraste es tan grotesco como evidente: el gobierno central solo ha abonado el 18% de las ayudas prometidas a los damnificados, y muchas de esas personas han tenido que abandonar sus hogares, endeudarse o asumir que nunca recibirán compensación.

Durante su programa, Albert Castillón denunció con cifras concretas el destino de una parte importante de los fondos públicos:

• 35 millones de euros recibidos por UGT y Comisiones Obreras.
• 35 millones para la prensa, destinados —según afirmó— a su “digitalización”.
• 550 millones para RTVE en el presente año, a pesar de su cuestionada gestión.
• 400 millones enviados a la República Dominicana, país que —recordó Castillón— “no es precisamente pobre”.

“Para las empresas de la Dana no llega, para el resto de sus intereses, a manos llenas.”

La sensación que trasladan los vecinos de las zonas afectadas es doble: de abandono institucional y de escarnio económico. Mientras negocios siguen cerrados, casas continúan sin paredes ni techos, y familias aún buscan a sus desaparecidos, el gobierno parece haber optado por priorizar subvenciones políticas y alianzas internacionales frente a la emergencia nacional.

Y no solo se trata de lo que no se da. También se exige. Las familias de los fallecidos han tenido que pagar el IRPF del año hasta el mismo día de la muerte de sus seres queridos —29 o 30 de octubre—. Además, quienes perdieron sus coches (más de 120.000 vehículos destruidos) han tenido que abonar el IVA al comprarse uno nuevo, pese a no haber recibido apenas compensación.

“No han perdonado ni el IVA, ni el IRPF de los muertos. No tienen vergüenza.”

En paralelo, la empresa privada ha hecho más que muchas administraciones. Amancio Ortega ha donado 100 millones de su bolsillo, y Juan Roig ha aportado fondos para reconstruir parques, plazas y ayudar directamente a sus empleados.

La conclusión es clara: el reparto del dinero público sigue un criterio que no responde a la urgencia ni al dolor, sino a intereses políticos, clientelares y propagandísticos.

“Nunca en la historia reciente de España se demostró tanta indecencia por parte de nuestra clase política.”