Los sinvergüenzas que están bajo el punto de mira de la justicia terminarán siendo juzgados
Abrí la conversación con el juez Jesús Villegas desde un diagnóstico que ya no admite maquillaje: España vive una degradación institucional gravísima, con corrupción, criminalidad e infiltración del Estado en ámbitos que deberían estar al servicio exclusivo de la ley. Cada semana aparecen nuevos imputados, algunos ya en prisión, otros condenados, y la sensación ciudadana es que la rueda sigue girando mientras nadie dimite.
Villegas no rebajó la gravedad del momento. Al contrario: sostuvo que jamás habíamos vivido en España una situación tan grave. Pero introdujo una clave esencial para no caer en el derrotismo: la delincuencia ha existido siempre; lo verdaderamente inquietante aparece cuando los delincuentes se sitúan en el ámbito del poder y en las altas instituciones del Estado.
Ahí nace la gran pregunta: ¿vamos camino de Venezuela o ya somos Venezuela? ¿Estamos ante una deriva autoritaria, ante un golpe de Estado a cámara lenta, o España conserva todavía un Estado de derecho capaz de reaccionar?
La respuesta de Villegas fue clara: España no es Venezuela, España no es México. Y no lo es, según defendió, porque aún reaccionan jueces, policías, guardias civiles, periodistas y una ciudadanía que no traga con lo que está ocurriendo.
El Estado está enfermo, pero no muerto
Villegas utilizó una imagen muy gráfica: cuando una herida está infectada, hay que aplicar el bisturí, y a veces sin anestesia. Duele, pero es el dolor necesario para curar. Esa es la tesis central de la entrevista: lo que estamos viendo es doloroso precisamente porque todavía hay defensas institucionales funcionando.
Lo verdaderamente grave sería no saber nada, creer que todo va bien mientras la manzana se pudre por dentro. Pero hoy se sabe. Se investiga. Se publica. Se denuncia. Y esa reacción demuestra que el Estado de derecho no ha sido destruido.
“Los sinvergüenzas que están ahora mismo bajo el punto de mira de la justicia terminarán siendo juzgados y, si son culpables, castigados con toda la contundencia que la ley permite”.
Esa frase resume el fondo de la entrevista. Villegas no ofreció consuelo vacío. No dijo que no pase nada. Dijo lo contrario: pasa algo gravísimo. Pero también sostuvo que los responsables que hoy están bajo investigación judicial acabarán respondiendo ante los tribunales.
La ley aún alcanza a los poderosos
Uno de los ejemplos que puso el juez fue la condena del fiscal general del Estado. Para Villegas, que una persona tan importante haya sido condenada demuestra que todos somos iguales ante la ley.
También citó la investigación a Zapatero como un procedimiento en curso. Lo hizo con una cautela que conviene respetar: no sabemos si será inocente o culpable. Lo relevante, según Villegas, es que alguien considerado durante años una especie de tótem en determinados sectores ideológicos esté siendo investigado.
Su conclusión fue directa: no hay barreras lo suficientemente altas como para que la justicia, la policía y el Estado de derecho no puedan saltarlas.
El riesgo: cambiar las leyes para blindar el poder
El juez situó el peligro principal no solo en lo que ya ha ocurrido, sino en lo que puede ocurrir si se modifican las reglas del juego. Lo verdaderamente preocupante son las reformas legales que puedan convertir en legal lo que hoy es ilegal o irregular.
Yo le planteé un caso personal: investigaciones sin orden judicial, informes con fotografía, adscripción política e inquietudes políticas. Villegas fue tajante: eso hoy es ilegal en España. El problema, añadió, es que con las reformas legales que quieren poner en marcha podría llegar a ser legal.
Ahí está la línea roja: no solo proteger a los propios, sino construir un sistema donde determinadas prácticas queden normalizadas por ley.
Policía, Fiscalía e instituciones al servicio de una persecución
Villegas fue más allá de la clásica advertencia sobre la impunidad. No le preocupa únicamente que una autoridad vinculada al poder haga la vista gorda para que sus amigos no se sienten ante los tribunales. Le preocupa todavía más lo contrario: que se utilicen la policía, la fiscalía y las instituciones públicas para perseguir a inocentes, fabricar tramas y encarcelar a enemigos del poder.
Esa es, para él, la amenaza mayor de una investigación criminal que no dependa de una autoridad independiente. Si una investigación no está controlada por jueces, cualquier expediente puede convertirse en un arma. Puede decir cualquier cosa. Puede fabricar perfiles, acusaciones o sombras sobre ciudadanos concretos.
Villegas lo expresó sin rodeos: una investigación criminal conectada con la política abre la puerta a la impunidad y también a la persecución del inocente.
La instrucción por fiscales: una reforma que inquieta
La posible instrucción de las causas por fiscales fue uno de los puntos más delicados. Villegas dijo que le preocupa muchísimo porque, según explicó, no es una idea nueva. Situó su origen en España en el tardo franquismo, cuando el régimen veía que perdía poder y existían jueces independientes.
La clave de su crítica es la dependencia. Si el delito deja de investigarlo una autoridad independiente y pasa a manos de una autoridad autónoma con contactos políticos, en el futuro puede haber impunidad.
El juez recordó además que esa idea fue resucitada después por la izquierda, aunque la calificó como una idea de origen reaccionario. Su advertencia fue nítida: si los titulares dejan de hablar de corrupción porque el sistema ya no la investiga de verdad, los ciudadanos podrán creer que todo está bien, pero su seguridad estará en peligro.
El Tribunal Constitucional y la confianza rota
Otro de los asuntos centrales fue el Tribunal Constitucional. Villegas quiso marcar una diferencia profesional: el Tribunal Constitucional no está compuesto por jueces. Sus miembros, dijo, son magistrados, pero no pertenecen al Poder Judicial y han sido elegidos por los políticos, por las cámaras parlamentarias.
Su función, explicó, debería ser comprobar si las leyes se ajustan o no a la Constitución. El problema surge cuando el Constitucional entra a valorar pruebas y acaba ocupando el espacio del Tribunal Supremo y de los tribunales ordinarios.
Eso, para Villegas, es gravísimo: el Constitucional se estaría colocando como si fuera un Supremo por encima del Supremo. Y esa invasión de funciones erosiona algo esencial: la confianza pública en la justicia constitucional.
El juez citó propuestas académicas que plantean limitar el Constitucional a los recursos de inconstitucionalidad, dejando los recursos de amparo y los casos con derechos y libertades concretas en manos del Tribunal Supremo y de jueces ordinarios. Su fórmula fue clara: cuando haya ciudadanos con nombres y apellidos en juego, que los juzguen jueces de verdad.
El suplicatorio y el aforamiento del presidente
También abordamos el problema del suplicatorio y el aforamiento del presidente del Gobierno. La pregunta es sencilla: si el Tribunal Supremo decide imputar al presidente, ¿cómo puede depender del Congreso que pueda seguir adelante la causa?
Villegas recordó que la figura del suplicatorio, tal como está redactada, procede de una ley de 1912. Admitió que tiene una razón de ser: evitar que se alteren mayorías parlamentarias mediante querellas o denuncias infundadas contra diputados que sostienen a un Gobierno.
Pero distinguió entre esa finalidad legítima y lo que calificó como una barbaridad: que, si la Cámara deniega el suplicatorio, el investigado pueda irse de rositas.
Según Villegas, si mañana se pidiera el suplicatorio del presidente del Gobierno y las cámaras lo denegaran por mayoría política, en teoría podría bloquearse la acción judicial. Pero añadió que una decisión así sería tan grave que, desde su punto de vista, constituiría un golpe de Estado constitucional absolutamente inadmisible e inaceptable.
También señaló que podría recurrirse, incluso ante el propio Tribunal Constitucional, para sostener que esa denegación no ha sido justa, sino un instrumento político para proteger a los criminales, a los suyos. El problema, como quedó planteado en la conversación, es qué ocurre cuando la última instancia también forma parte de la desconfianza pública.
No es derecha contra izquierda: es decencia contra delincuencia
La entrevista terminó con un mensaje de resistencia. Villegas pidió no desfallecer, no humillarse y no aceptar el marco ideológico que siempre intenta dividirlo todo entre derechas e izquierdas.
Su cierre fue el verdadero titular moral de la conversación: esto no es un problema de ideologías de derechas o de izquierdas; es un problema de ciudadanos decentes contra delincuentes.
Y añadió una convicción que conviene no olvidar en medio del ruido: somos más y somos más fuertes.
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