Mandamos más de un millón de euros cada año a Cabo Verde, que es un paraíso fiscal

España envía millones de euros de dinero público a Cabo Verde de forma recurrente. No es una suposición. No es una opinión política. Son datos oficiales del propio Estado español, publicados en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Y, aun así, nadie lo explica.

Quien puso el foco en este asunto en Castillón Confidencial fue Pablo Cambronero, policía y exdiputado. Su afirmación es clara: “Mandamos más de un millón de euros cada año a Cabo Verde, que es un paraíso fiscal”. La documentación disponible no solo la respalda, sino que la concreta con fechas, importes y destinatarios.

Transferencias directas y sin contraprestación

Los registros oficiales muestran subvenciones directas, a fondo perdido y sin contraprestación, canalizadas a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Entre las partidas más recientes figuran, entre otras:

En octubre de 2025, 250.000 euros destinados al Instituto Caboverdiano de Igualdad y Equidad de Género, bajo una convocatoria para la dinamización de la economía de cuidados y el empoderamiento económico de las mujeres.

En diciembre de 2025, 1.000.000 de euros concedidos directamente al Ministerio de Finanzas y Administración Pública de Cabo Verde mediante una convocatoria instrumental de subvención.

Ambas ayudas constan como entrega dineraria sin contraprestación, es decir, dinero público español entregado sin obligación contractual ni retorno verificable.

¿Cooperación o financiación estructural?

Aquí surge la pregunta que sigue sin respuesta:
¿por qué España envía dinero de cooperación a un Ministerio de Finanzas de un país que es considerado paraíso fiscal?

Cabo Verde no está en guerra, no sufre una emergencia humanitaria, no padece hambrunas y presenta crecimiento económico sostenido, con un modelo basado en el turismo y en ventajas fiscales que atraen inversión extranjera.

No se trata de una ayuda puntual. Es un patrón anual, con transferencias que superan con facilidad el millón de euros y que se repiten ejercicio tras ejercicio.

Instituciones económicas, no emergencia social

Otro elemento relevante es el destino del dinero. No va a hospitales de campaña, ni a crisis alimentarias, ni a catástrofes naturales. Va a instituciones públicas estructurales, especialmente ministerios económicos y administrativos.

Esto no invalida automáticamente la cooperación, pero sí exige una explicación clara, transparente y auditada. Explicación que, a día de hoy, no existe.

Un contexto que aumenta las dudas

Cabo Verde no tiene tratado de extradición con España. Es un enclave atractivo para estructuras empresariales por su fiscalidad. Y, en paralelo, recibe financiación pública española directa.

Cuando estos elementos coinciden, el periodismo no puede mirar hacia otro lado. Preguntar no es acusar. Preguntar es una obligación democrática.

Lo que sabemos y lo que no

Sabemos cuánto dinero se envía.
Sabemos a qué instituciones se envía.
Sabemos desde qué ministerios se canaliza.

Lo que no sabemos es por qué se considera prioritario financiar con dinero público español a un Estado que no presenta una necesidad objetiva de emergencia.

Mientras no haya respuestas claras, la sospecha es legítima. Y mientras haya silencio institucional, seguiremos investigando.

Porque el dinero público no es de nadie en concreto, pero sí es responsabilidad de todos.

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