Sánchez el número 1 de la organización criminal, se acerca a la imputación

Estamos ante un posible fin de ciclo político en España. Y no lo digo como una consigna, lo digo porque los hechos empiezan a encajar de forma inquietante.

Pedro Sánchez podría ser imputado en cuestión de meses, incluso semanas, por presuntos delitos graves. No es una exageración: es el escenario que se abre tras las declaraciones de Víctor de Aldama, pieza clave en el llamado caso de las mascarillas.

Aldama no ha ido con rodeos. Ha descrito una estructura jerárquica que, según su versión, funcionaba como una organización criminal perfectamente ordenada:
Sánchez en el nivel uno, Ábalos en el dos, Koldo García en el tres y él mismo en el cuatro.

La operativa, siempre según su testimonio, era simple y eficaz:
ofrecer adjudicaciones de obra pública a grandes constructoras a cambio de comisiones, dinero que posteriormente se movía —en efectivo— para financiar tanto estructuras internas como intereses personales.

Las cifras no son menores.
Entregas de 60.000, 80.000 e incluso hasta 250.000 euros en efectivo, trasladadas en sobres o mochilas, directamente a despachos oficiales o domicilios particulares. Dinero negro, sin intermediarios, sin disimulo.

Pero hay un detalle especialmente revelador:
Aldama asegura que el propio presidente le agradeció personalmente su papel. Sin testigos incómodos. Sin seguridad presente. Solo tres personas en la sala.

Si esto se demuestra, no estamos ante un caso aislado.
Estamos ante un sistema.

Ahora bien, conviene bajar un punto la euforia.
Un investigado puede decir lo que quiera. No tiene obligación de decir la verdad.
La clave está en si esas declaraciones pueden probarse: mensajes, grabaciones, documentación. Y ahí, según se ha deslizado, podría haber material suficiente para que todo estalle.

Si eso ocurre, entra en juego una anomalía jurídica que define bien el sistema:
el suplicatorio.

Es decir, para juzgar a un presidente del Gobierno, los jueces necesitan permiso del Congreso.
Sí, lo ha leído bien: la política puede bloquear a la justicia.

Y aquí viene el giro incómodo.
Si ese suplicatorio se deniega, la causa se archiva automáticamente.

Así funciona.

Por eso la pregunta ya no es solo jurídica. Es política.
¿Qué hará el Congreso si llega ese momento?

Y más allá de eso, hay otra cuestión que empieza a flotar en el ambiente, aunque incomode:
¿Podría un presidente del Gobierno huir de España?

No sería el primero en Europa. El precedente existe.

Estamos, insisto, ante algo más que un caso judicial.
Estamos ante un posible cambio de etapa.

Y cuando los sistemas empiezan a resquebrajarse, lo hacen rápido.

Muy rápido.

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