Alerta en Valencia: vecinos y comerciantes se movilizan para defender sus negocios ante los saqueos organizados por Blocus
Hemos tenido acceso al manual interno del grupo radical Blocus, un documento detallado que se reparte entre los encapuchados para que se lo aprendan de memoria antes de ser destruido. Ante la previsión de nuevas jornadas de altercados, robos y pillajes coincidiendo con Halloween, la tensión en las calles se multiplica. Estos incidentes destrozan pequeños negocios, hunden la vida de los autónomos y generan una enorme preocupación en centenares de familias que ya sufren una presión fiscal asfixiante.
Frente a esta situación de indefensión, la respuesta ciudadana comienza a organizarse en diferentes puntos del país. En Valencia se ha convocado una concentración de vecinos y comerciantes para defender los negocios a la misma hora y en el mismo lugar donde operan estos grupos. Ojalá esta iniciativa se replique en localidades como Badalona, Fuengirola o Marbella, allí donde se han detectado convocatorias de carácter similar. Como reza el lema tradicional, solo el pueblo salva al pueblo, pero siempre desde la defensa pacífica, sin caer en la provocación ni ejercer la violencia, recordando que los violentos son ellos.
El impacto de la impunidad y la pérdida de autoridad
El clima de inseguridad no surge de la nada; responde a un mensaje continuado de impunidad que cala en los más jóvenes. Los menores que salen embozados y vestidos de negro desde sus casas para cometer destrozos actúan bajo la certeza de que las consecuencias legales son mínimas. Cuando los jóvenes perciben que se puede suspender y pasar de curso igualmente, que se puede delinquir y salir de comisaría al día siguiente, o que la ocupación ilegal de viviendas queda sin castigo efectivo, el principio de autoridad desaparece.
Resulta imprescindible señalar la responsabilidad directa que recae sobre el ámbito familiar. Si un menor de 14 o 15 años abandona su domicilio con la intención probada de participar en disturbios urbanos, los padres deben asumir la responsabilidad legal y patrimonial. La imposición de multas contundentes de 10.000, 15.000 o 20.000 euros a los progenitores sería el mecanismo más eficaz para garantizar que vigilen activamente las salidas de sus hijos y eviten que acudan embozados a reventar las calles.
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