“Siendo portavoz de las víctimas de violencia, la nueva Fiscal General no quiso recibirnos”
He escuchado muchas veces eso de que vivimos en “el gobierno más feminista de la historia”. El mantra se repite una y otra vez, como si al repetirlo se hiciera verdad. Pero luego llega la realidad. Y la realidad es la que me contó Elena Ramallo, doctora en Derecho y antigua portavoz del Consejo Nacional de Asociaciones de Víctimas de Mujeres.
La nueva Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, no quiso recibirlas.
Ni escucharlas.
Ni atender la información que podían aportarle para evitar asesinatos, fallos del sistema y muertes que podían haberse evitado.
Ramallo lo explicó con claridad: cuando ejercía como portavoz de las víctimas, contactó con Peramato para trasladarle problemas graves, entre ellos errores en el sistema de pulseras de control que estaban derivando en asesinatos. La respuesta fue tan simple como devastadora: “No tenía nada que escuchar.” Ya estaba, según le dijeron, “para otras cosas”.
¿Para qué cosas?
Según Ramallo, para acudir a actos, jornadas y mítines ideológicos, no para recibir a quienes trabajan con víctimas reales ni para corregir los fallos del sistema. Resulta todavía más llamativo si recordamos que Peramato defendió públicamente la ley del “solo sí es sí” incluso cuando ya se sabía que estaba poniendo en la calle a agresores sexuales.
Elena Ramallo lo resumió sin rodeos:
“La justicia no tiene que ser feminista, tiene que ser justa.”
Y es aquí donde la incoherencia se vuelve insoportable. La nueva Fiscal General ha escrito libros explícitamente orientados a la teoría de género —como “Desigualdad por razón de orientación sexual e identidad de género, homofobia y transfobia”— y el relato mediático del régimen la presenta como una figura impecable. Mientras tanto, quienes trabajan con víctimas, quienes conocen los fallos del sistema, quienes han visto cómo la ley trans y la ley del sí es sí generaban consecuencias nefastas, quedan fuera. Ni siquiera reciben una llamada.
Ramallo también relató que esta falta de escucha no es patrimonio de un solo color político: ocurrió con PSOE, con PP y en gobiernos autonómicos como Madrid. Y siempre bajo la misma excusa:
“Lo vamos a estudiar.”
Una frase que sirve para que nada cambie.
El panorama es inquietante. Las cifras de mujeres asesinadas aumentan, los errores del sistema se repiten, los fallos de las pulseras siguen generando tragedias… pero la nueva Fiscal General es una figura construida para el relato: el relato feminista que el Gobierno necesita para mantener un voto clave.
Mientras tanto, las víctimas —las reales— siguen sin ser escuchadas.
Y eso, lo diga quien lo diga, es una vergüenza nacional.
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