El dinero público vuela y nadie da explicaciones
En los últimos días hemos vuelto a comprobar hasta qué punto el dinero de todos se maneja en España con una ligereza alarmante. Y no lo digo yo solo: los datos los ha puesto sobre la mesa Pablo Cambronero, que semana tras semana desgrana, cifra a cifra, cómo se gasta —o se regala— el dinero público sin control ni transparencia.
Lo que hemos conocido esta vez es especialmente grave. El Gobierno ha decidido condonar más de siete millones de euros a Ghana, bajo la fórmula habitual de la “reestructuración de deuda”. Una expresión amable para no decir lo evidente: ese dinero no vuelve. Nadie explica a quién benefició realmente, ni qué proyecto concreto justificaba ese crédito, ni por qué se perdona. Simplemente desaparece.
Cambronero recordaba que este mecanismo se repite una y otra vez: se concede un crédito con fondos públicos y, pasado un tiempo, se perdona. Y punto. Sin rendición de cuentas. Sin informes claros. Sin responsables políticos dando la cara.
Pero no es el único caso. En el último Consejo de Ministros se ha aprobado también una partida de 880 millones de euros obligados por una sentencia europea, tras discriminar durante años a los hombres en una deducción fiscal ligada a la paternidad. Una chapuza legal que ahora pagamos todos. No por justicia social, sino por incompetencia normativa.
A esto se suma el goteo constante de dinero hacia organismos internacionales. Cambronero detalló cómo millones de euros se envían periódicamente a estructuras vinculadas a Naciones Unidas, incluidas agencias de derechos humanos y otras entidades de las que nadie sabe explicar con claridad qué hacen ni qué resultados ofrecen. Se llaman “aportaciones voluntarias”, pero salen del bolsillo del contribuyente.
Especialmente llamativo es el caso de más de cinco millones de euros destinados a entes internacionales relacionados con la llamada transición ecológica, sin especificar beneficiarios ni proyectos concretos. Una opacidad que ya empieza a ser estructural.
Y si esto no fuera suficiente, el Gobierno ha llegado incluso a pagar 40.000 euros a una entidad para que certifique su propia transparencia. Una organización que, paradójicamente, había reconocido no tener fondos para elaborar informes… hasta que el Ejecutivo decidió financiarlos. El resultado: un informe que avala lo transparente que es quien lo paga. Una escena digna de una sátira, si no fuera trágica.
Cambronero también puso sobre la mesa otros gastos difíciles de justificar: más de siete millones de euros en vehículos oficiales, sin aclarar destinatarios ni criterios, y 1,5 millones en premios internos a la Jefatura Central de Tráfico, supuestamente por productividad, justo cuando la recaudación por multas bate récords históricos.
Todo esto ocurre sin presupuestos, mediante acuerdos de Consejo de Ministros, con decretos que apenas se explican y sin un control parlamentario real. Un modelo donde el dinero público se mueve en la penumbra y donde preguntar empieza a molestar.
Lo preocupante no es solo la cifra. Es el sistema. Un sistema donde el ciudadano paga, pero no decide; donde se exige sacrificio mientras se reparte opacidad; donde el control desaparece y la rendición de cuentas brilla por su ausencia.
Por eso insistimos en contarlo. Porque si no se señala, pasa. Y si pasa, se normaliza. Y cuando se normaliza, deja de escandalizar. Y ese es el verdadero peligro.
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