Diosdado Cabello se refugia en la embajada española en Caracas
Hoy no es un día cualquiera. Hoy aportamos una información muy grave que debería provocar explicaciones inmediatas. Puedo confirmar que algunas noches Diosdado Cabello, el hombre más buscado por Estados Unidos, se refugia en la embajada española en Caracas. No es una suposición. Es una información contrastada tras llamadas, testigos y trabajo periodístico. Y lo digo con todas las consecuencias.
Diosdado Cabello no es un actor secundario. Es ministro de Interior y Justicia, número dos del chavismo tras Nicolás Maduro y, según Estados Unidos, el número uno del llamado cártel de los soles. A día de hoy sigue vigente una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Estados Unidos le busca por narcotráfico y terrorismo. Y, sin embargo, España le abre las puertas de su embajada.
Esto es ilegal, es gravísimo y contraviene las sanciones de la Unión Europea. La embajada es territorio español. Y aun así, se le da cobijo. Según nuestra información, no sería la única: China y Cuba también habrían servido puntualmente de refugio. ¿Para qué? Para que el FBI pierda la pista.
La pregunta es inevitable: ¿por qué España protege a un narcoterrorista? La respuesta también. El nexo es José Luis Rodríguez Zapatero. Diosdado Cabello habría sido el interlocutor directo con Zapatero durante años. Si Cabello cae, con todo lo que sabe sobre financiación y relaciones, cae el andamiaje político. Por eso se le protege.
El actual embajador de España en Venezuela, Álvaro Enrique Albacete, fue nombrado tras el fraude electoral que dio por ganador a Edmundo González y que Nicolás Maduro se apropió. España fue el primer país en normalizar la situación y enviar embajador para simular normalidad mientras centenares eran detenidos por manifestarse. No es un diplomático de carrera. Es del equipo de Moratinos. Y España ya acogió a la hermana de Cabello como cónsul en Bilbao. Nada es casual.
Lo digo claro: España estaría escondiendo a un narcoterrorista en suelo español por intereses del partido que gobierna. Esto debería activar al Departamento del Tesoro de EE. UU., a la Unión Europea —si estuviera cuando se la necesita— y a las fuerzas de investigación españolas. Esta connivencia es intolerable.
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