Sánchez sufre una enfermedad crónica y debería ser relevado de su puesto

No es una cuestión política. Es una cuestión de Estado.

Durante meses, muchos hemos observado el deterioro físico evidente del presidente del Gobierno. La delgadez extrema, el rostro demacrado, la mirada perdida, los lapsus públicos. Se comentaba en corrillos, se susurraba en redacciones, se evitaba en antena. Hasta ahora.

Hoy ya no hablamos de especulación. Hablamos de información contrastada. Médicos que le han tratado en los últimos años aseguran que Pedro Sánchez está peor que nunca, no solo físicamente, también en el plano cognitivo. Y cuando un presidente del Gobierno no está en condiciones óptimas para gobernar, el silencio deja de ser prudencia y pasa a ser irresponsabilidad.

No deseo ningún mal a nadie. Jamás. No quiero la muerte de nadie, por mal presidente que sea o por muy equivocadas que considere sus decisiones. Pero precisamente por eso, porque esto no va de ideología, hay que hablar con seriedad de salud pública y de transparencia institucional.

Se ha intentado tapar. Se ha intentado ridiculizar. Se ha intentado asfixiar mediáticamente a quien se atreviera a contarlo. Pero la caja de los truenos ya está abierta y no se puede cerrar.

Según la información publicada por Miguel Ángel Pérez y confirmada por diversas fuentes médicas, Pedro Sánchez padece una enfermedad crónica, degenerativa y progresiva de origen cardiovascular. Una lesión que afecta a las arterias y que puede derivar en trombosis, infartos o accidentes cerebrovasculares.

Los médicos explican que la parte física puede tratarse con medicación, pero existe un componente mucho más preocupante: el deterioro cognitivo asociado, conocido como demencia vascular, provocada por la reducción del flujo sanguíneo y de oxígeno al cerebro.

Entre los síntomas descritos por los facultativos se encuentran:

• Dificultad para tomar decisiones
• Problemas para resolver situaciones complejas
• Lentitud mental
• Pérdidas de memoria reciente
• Alteraciones del lenguaje
• Cambios de comportamiento y falta de empatía

Muchos de estos síntomas encajan con episodios públicos protagonizados por el propio presidente en los últimos años, incluidos lapsus en el Congreso y declaraciones contradictorias que hasta ahora se atribuían únicamente a la mentira o a la estrategia política.

El tratamiento se estaría realizando en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, centro de referencia para Moncloa, el Congreso y el Senado. Las revisiones se habrían llevado a cabo de forma discreta, en días y horarios de mínima afluencia —como domingos a las siete de la mañana—, accediendo por el muelle de cocina del hospital para evitar ser visto.

Entre los especialistas que le han atendido figura el doctor José Luis Zamorano, una de las mayores eminencias en cardiología a nivel europeo.

El silencio impuesto

Antes de publicarse esta información, se avisó —como marca la deontología periodística— a la Secretaría de Estado de Comunicación. No hubo desmentido, ni confirmación. Solo ironías, evasivas y, después, lo de siempre: la llamada a los grandes grupos mediáticos.

El mensaje es conocido: si publicas, se acaba la publicidad institucional. Millones de euros al año que explican por qué ninguna gran televisión quiso hacerse eco de una de las informaciones más relevantes de los últimos años.

Este no es un problema de prensa “de derechas” o “de izquierdas”. Es un problema de miedo al poder.

¿Qué dice la ley?

La Constitución contempla la incapacidad temporal o permanente de un presidente del Gobierno solo si este acepta apartarse. No existe ningún mecanismo legal que permita forzar una evaluación médica sin su consentimiento.

Es decir: si no quiere irse, no hay forma de sacarlo, salvo que él mismo reconozca su incapacidad. Y eso, a la vista de los hechos, no parece probable.

La pregunta final

Hasta ahora teníamos un presidente incompetente, según muchos ciudadanos. Ahora podría ser, además, un presidente enfermo.

¿Hasta cuándo?

Los españoles tenemos derecho a saber si quien gobierna está en condiciones físicas y cognitivas de hacerlo. La salud del presidente no es un asunto privado. Es un asunto público.

Callarlo no protege a la democracia. La debilita.

Porque el dinero público no es de nadie en concreto, pero sí es responsabilidad de todos.

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