El Gobierno paga pensiones de viudedad a quienes practican la poligamia, pero deja desprotegidas a muchas viudas españolas

Durante el programa también intervino Elena Ramallo, doctora en Derecho, para analizar una cuestión jurídica que ha generado un intenso debate en España: el reconocimiento de pensiones de viudedad en situaciones de poligamia.

Según explicó la jurista, el problema surge cuando se producen casos en los que un hombre ha contraído varios matrimonios en países donde la poligamia es legal. Cuando ese ciudadano fallece, las administraciones españolas han llegado a reconocer pensiones de viudedad repartidas entre varias esposas.

Ramallo sostiene que esta situación genera una evidente contradicción dentro del propio ordenamiento jurídico español.

“La poligamia está prohibida en España, pero sin embargo el sistema reconoce efectos económicos derivados de esos matrimonios cuando se producen en otros países”, explicó durante su intervención.

Según la doctora en Derecho, el resultado práctico es que el sistema público de pensiones termina pagando prestaciones derivadas de matrimonios que no serían legales dentro del propio marco jurídico español.

A su juicio, esta situación plantea una cuestión de coherencia jurídica y también de justicia social. Ramallo señaló que, mientras se reconocen pensiones en estos casos, existen muchas viudas españolas que encuentran enormes dificultades para acceder a estas prestaciones, incluso cuando sus parejas han cotizado durante décadas.

La jurista explicó que el sistema de pensiones exige determinados requisitos legales que, en algunos casos, dejan fuera a personas que habían convivido durante años con su pareja o que, por circunstancias administrativas, no cumplen exactamente los criterios formales exigidos por la normativa.

“Nos encontramos con situaciones paradójicas”, señaló. “El sistema reconoce pensiones en matrimonios múltiples celebrados en el extranjero, pero en otros casos deja desprotegidas a mujeres españolas cuyos maridos cotizaron durante veinte o treinta años”.

Ramallo considera que este debate debería abordarse desde una perspectiva jurídica clara. Según su análisis, el problema no es únicamente económico, sino también de coherencia legislativa y de igualdad ante la ley.

La experta en Derecho subrayó que la legislación española prohíbe expresamente la poligamia, pero al mismo tiempo permite que determinados efectos jurídicos derivados de esos matrimonios tengan reconocimiento dentro del sistema de prestaciones públicas.

Desde su punto de vista, esta contradicción debería resolverse mediante una reforma normativa que clarifique los criterios de reconocimiento de las pensiones de viudedad, evitando situaciones que generen desigualdad entre ciudadanos.

El debate, según señaló, no solo afecta al ámbito jurídico, sino también al político y social, ya que plantea preguntas sobre cómo deben aplicarse las leyes españolas cuando entran en juego matrimonios celebrados bajo sistemas jurídicos distintos.

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