Marco Antonio Gómez: «Si me dan una orden ilegal, como militar no la voy a cumplir»

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) volverá a salir a la calle para reclamar algo que, según denuncian sus representantes, debería ser elemental: dignidad para los militares españoles.

Así lo aseguró en Castillón Confidencial su presidente, Marco Antonio Gómez, que confirmó una nueva concentración frente al Congreso de los Diputados y lanzó una invitación a militares, policías, guardias civiles y ciudadanos que quieran apoyar sus reivindicaciones.

Según explicó, los miembros de las Fuerzas Armadas no piden privilegios ni lujos. Reclaman algo mucho más básico: salarios dignos, camas dignas y una alimentación adecuada.

Marco Antonio Gómez lamentó que los militares tengan que salir a las calles año tras año para reclamar derechos fundamentales y denunció que el Ministerio de Defensa parece estar más pendiente de otros asuntos que del bienestar de los propios miembros de las Fuerzas Armadas.

Durante la entrevista, recordó también la impotencia que muchos militares vivieron durante diferentes emergencias, especialmente durante la pandemia, los incendios o la DANA de Valencia.

Según explicó, numerosos compañeros se sentían incapaces de entender por qué permanecían en los cuarteles mientras sus propias familias y conciudadanos sufrían situaciones dramáticas.

«Somos hijos de albañiles, de ganaderos, de médicos, de cualquier profesión. Está en nuestro ADN ayudar», afirmó.

El presidente de ATME reconoció que muchos militares siguen profundamente afectados por aquellas situaciones y aseguró que esos recuerdos permanecerán durante años entre quienes los vivieron.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando fue preguntado sobre el deber de obediencia y los límites de las órdenes recibidas.

Marco Antonio Gómez fue contundente.

«A mí una orden que yo sé que es ilegal, yo como militar no la voy a cumplir».

Para explicarlo, puso ejemplos extremos:

«Si mañana me dicen que coja un fusil y dispare contra mi compañero, no lo haría. Si lo hago, estoy cometiendo un asesinato».

Añadió que asumiría las consecuencias derivadas de desobedecer una orden directa de un superior, pero insistió en que la legalidad debe prevalecer.

«Las órdenes ilegales yo no las cumpliré», afirmó.

El presidente de ATME subrayó que los militares se deben a la ley y a la legalidad vigente, y recordó que los miembros de la escala de tropa y marinería reciben órdenes y cumplen con disciplina, aunque ello no elimina la frustración y la impotencia que sienten cuando disponen de medios para ayudar y no reciben autorización para actuar.

También defendió la necesidad de reconocer oficialmente la condición de profesión de riesgo para militares, policías nacionales y guardias civiles, denunciando la falta de respuestas por parte del Gobierno y reclamando una mayor implicación del Ministerio.

Finalmente, reiteró que las Fuerzas Armadas están al servicio de los ciudadanos y que continuarán reclamando mejoras laborales y reconocimiento para quienes desempeñan una profesión que, según recordó, exige sacrificios constantes y una absoluta vocación de servicio.

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