Las mafias del tráfico de personas se hacen ricas con el efecto llamada de Sánchez

Ayer, durante la visita del Papa a Gran Canaria, volvimos a escuchar testimonios estremecedores sobre las mafias que trafican con seres humanos. Una mujer relató la historia de otra inmigrante que, por miedo, no podía mostrar su rostro. Pagó a una red criminal para llegar a Canarias, quedó embarazada del jefe de la mafia y terminó perdiendo a su hijo. Habló de prostitución, abusos, golpes y violaciones.

Y la pregunta es inevitable: ¿quién facilita que eso siga ocurriendo?

Porque las mafias no actúan en el vacío. Se enriquecen cuando existe un incentivo, cuando existe un efecto llamada y cuando se transmite el mensaje de que cualquier inmigrante irregular que llegue a España acabará siendo regularizado.

No hay ningún país en Europa que mantenga una política semejante. España es, además, el país más cercano a muchas de las rutas de entrada. Y eso tiene consecuencias. Las mafias ganan más dinero, explotan a más personas y continúan alimentando un negocio multimillonario.

Rubén Pulido ya explicó en este programa cómo funcionan estas redes. Los traficantes operan principalmente en el norte de África, en países como Marruecos, Argelia, Libia o Túnez. En cada frontera se paga un peaje y el mayor desembolso se produce en las embarcaciones que parten hacia España.

Según explicó, en algunas rutas se pagan entre 4.000 y 7.000 euros, llegando incluso a los 8.000 euros por persona.

Hablamos de un negocio que mueve cientos de millones de euros al año.

En los últimos seis años, más de 170.000 inmigrantes ilegales han llegado a Canarias por vía marítima. Y el origen ha cambiado. Si antes predominaban las llegadas desde Marruecos, ahora, según los datos aportados por Rubén Pulido, los principales países de origen son Malí, Senegal y Guinea.

Algo está cambiando.

Las mafias prefieren traer personas desde lugares donde pagan más, pagan mejor y pagan antes.

Y resulta que muchas de esas zonas coinciden con áreas de fuerte expansión del terrorismo yihadista, como Malí, Mauritania o Burkina Faso.

La pregunta es evidente.

¿Llegan con pasaporte? ¿Se comprueban sus antecedentes penales? ¿Sus países de origen colaboran para identificar quién entra en España?

La respuesta es no.

Por eso Rubén Pulido lleva tiempo advirtiendo del riesgo que supone aceptar cualquier cosa sin control.

Mientras tanto, los centros de acogida de Canarias llevan años colapsados. Solo en 2025 hay más de 5.000 menores tutelados y la ocupación supera el 160 % de su capacidad.

Y la ruta atlántica continúa dejando una tragedia permanente.

En 2024 se registraron 1.167 víctimas mortales verificadas. Y en 2025 se ha alcanzado la cifra más alta desde que existen registros: 1.214 muertos.

Estoy convencido de que existen muchos más que ni siquiera figuran en las estadísticas.

Por eso sostengo que existen responsables políticos. Existen cómplices. Personas que, por interés electoral y por puro cálculo político, mantienen un efecto llamada que beneficia a las mafias y condena a miles de personas.

Los propios vecinos de Gran Canaria recordaban ayer el abandono sufrido durante la pandemia, cuando miles de inmigrantes permanecieron hacinados en el muelle en condiciones indignas.

Los políticos deberían estar para resolver problemas, no para crearlos.

Como hacen la mayoría de países europeos, España debería exigir permisos, control y regularización previa. Porque abrir las puertas sin límites no combate a las mafias.

Las fortalece.

Y cuando una política pública acaba enriqueciendo a quienes trafican con seres humanos y aumentando las muertes en el Atlántico, esa política deja de ser una solución.

Y se convierte en parte del problema.

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