Investigación: Al fin toda la oposición denuncia fraude electoral en España

Ya era hora.

Después de años denunciando irregularidades electorales en España, después de señalar la Ley de Nietos, el papel de Indra, el funcionamiento del voto CERA, la falta de control en determinados recuentos y la manipulación potencial del censo electoral, ahora resulta que una parte importante de la oposición empieza a hablar de lo mismo.

Tarde, pero habla.

Durante mucho tiempo se miró hacia otro lado. Se prefirió el silencio, el miedo a que les llamaran exagerados, conspiranoicos o propagadores de bulos. Mientras tanto, el Gobierno ha ido abriendo camino, paso a paso, para modificar las condiciones del próximo escenario electoral.

El punto central es el censo electoral. No hablamos solo de votos. Hablamos de quién puede votar, desde dónde puede votar y, sobre todo, a qué provincia se adscribe ese voto.

Alberto Núñez Feijóo ha empezado ahora a denunciar lo que definió como una ingeniería electoral. Según explicó, en un periodo muy corto de tiempo se estaría produciendo un incremento masivo de personas con derecho a voto mediante nacionalizaciones y pasaportes españoles. Se habló de 2,6 millones de solicitudes, de las cuales solo una parte muy reducida habría sido denegada, y de cientos de miles de casos concentrados en lugares como Buenos Aires.

La cuestión no es menor. Si cientos de miles de nuevos electores pueden ser incorporados al censo y adscritos a provincias concretas, el impacto puede ser decisivo en un sistema electoral como el español, donde algunos escaños se deciden por márgenes muy estrechos.

Ese es el núcleo del problema: no se trataría únicamente de nacionalizar, sino de dirigir el efecto electoral de esas nacionalizaciones.

En el programa se explicó que, al tramitar la nacionalidad, el nuevo elector debe rellenar un documento en el que indica el municipio y la provincia a la que desea quedar adscrito a efectos electorales. Puede señalar última residencia, mayor arraigo o arraigo de un descendiente. Pero también aparece una opción abierta: “otros motivos”.

Ahí está la grieta.

Porque esa fórmula permitiría enviar el voto a una provincia concreta, incluso aunque el vínculo real con ese territorio sea discutible. Y si eso se utiliza de forma organizada, ya no hablamos de un trámite administrativo inocente. Hablamos de una herramienta capaz de alterar el reparto de escaños.

Durante el programa se señaló que habría 18 provincias candidatas en las que ese voto exterior podría ser determinante. También se citó la actividad de cargos socialistas en Hispanoamérica, con actos destinados a explicar cómo obtener la nacionalidad, el pasaporte y participar en el voto exterior.

El caso de Buenos Aires fue presentado como uno de los puntos clave. Se habló de más de 600.000 personas que podrían votar en próximas elecciones y que no estaban incorporadas al mismo nivel en la cita del 23 de julio de 2023.

La sospecha que se planteó es clara: el objetivo no sería necesariamente convencer a todos esos nuevos españoles para que voten al PSOE. El objetivo sería que sus nombres estén en el censo.

Y cuando el nombre ya está en el censo, el riesgo se desplaza al control del voto, al sobre, al envío, al escrutinio y a la cadena de custodia.

Ahí entra el voto CERA, el voto de los españoles residentes ausentes. Se recordaron imágenes denunciadas en 2024 por Gabriel Araujo sobre el escrutinio del voto exterior en Madrid, correspondiente a las elecciones generales del 23 de julio de 2023. En esas imágenes, según se explicó, se veía a funcionarios manipulando sobres antes del escrutinio, abriéndolos y rompiendo una cadena de custodia que debería ser intocable.

El voto es secreto. El sobre no puede convertirse en una cocina.

También se apuntó a otro elemento preocupante: la falta de transparencia. Se dijo que ese proceso debería ser público, que los medios deberían poder observarlo y que, sin embargo, no se permitió grabar ni controlar adecuadamente lo que estaba ocurriendo.

A todo esto se suma el papel de Indra, empresa vinculada al escrutinio electoral. En el programa se recordó que el Tribunal Supremo confirmó una sanción de 13,5 millones de euros por la creación de un cártel de licitaciones. Pese a ello, se señaló que Indra seguiría teniendo un papel en el escrutinio de futuras elecciones generales.

También se mencionó a Babel Sistemas de Información, adjudicataria de un contrato relacionado con el censo electoral por casi 1,6 millones de euros, y se destacó que uno de los responsables citados, José Alberto Pérez Cueto, fue diputado socialista por Asturias.

La suma de todos estos factores es lo que convierte el asunto en una cuestión de Estado: nacionalizaciones masivas, voto exterior, adscripción provincial, empresas vinculadas al proceso electoral, falta de control público y reacción tardía de la oposición.

Luis María Pardo, de Justicia Europa, explicó que su organización ha denunciado ante la Junta Electoral Central el crecimiento anómalo del voto CERA y la necesidad de supervisar a la Oficina del Censo Electoral. Su tesis fue clara: todavía se está a tiempo mientras no haya convocatoria electoral.

También hizo una precisión importante: no se trata de privar del voto a todos los españoles residentes en el extranjero. Eso sería jurídicamente inviable y políticamente absurdo. El foco debe ponerse en las nacionalizaciones producidas al amparo de la Ley de Memoria Democrática y la llamada Ley de Nietos, porque ahí es donde se concentra la opacidad.

Ese matiz es esencial. Una persona que vive desde hace décadas en Francia, Alemania, Portugal o cualquier otro país tiene todo el derecho a votar si es española. El problema no está ahí. El problema está en saber cuántos nuevos electores se incorporan, bajo qué procedimiento, con qué control y a qué provincias son asignados.

La democracia no se rompe solo el día de las elecciones. Se puede romper antes, cuando se manipula el terreno de juego.

Por eso resulta tan grave que la oposición haya tardado tanto en reaccionar. Si ahora se habla de fraude electoral en España, de manipulación del censo y de voto exterior, no es porque el problema haya nacido esta semana. Es porque durante años se prefirió no mirar.

Y cuando una democracia empieza a acostumbrarse a no mirar, el poder deja de tener miedo.

Lo que más se analizó en el programa

• Begoña Gómez pidió la devolución provisional de su pasaporte para viajar a la cumbre de la OTAN en Turquía, en un desplazamiento que también incluía una parada en Londres.
• Se analizó la situación de Venezuela tras los terremotos, con denuncias sobre caos, saqueos, obstáculos a la ayuda y pérdida de control del régimen.
• Nitu Pérez Osuna defendió que Venezuela necesita una etapa de reconstrucción, transición y recuperación tras décadas de chavismo.
• Se mencionó la suspensión de Juan Carlos Monedero como profesor de la Universidad Complutense por un caso de acoso sexual grave.
• Marcos Ondarra expuso datos sobre el aumento de las agresiones sexuales grupales en España y el silencio mediático posterior al caso de La Manada de Pamplona.

Quienes deseen ampliar la información y conocer el análisis completo pueden acceder al programa íntegro en el canal de YouTube de Albert Castillón.

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