La preocupante “ingeniería electoral” que busca manipular el censo y el voto CERA en España

Llevamos años, meses, alertando desde esta trinchera sobre las irregularidades que se ciernen sobre nuestro sistema electoral. Durante este tiempo, hemos sido prácticamente una voz en el desierto, señalando un fraude evidente que ahora, por fin, comienza a ser reconocido por otros medios y, tímidamente, por la propia oposición.

Ingeniería electoral para perpetuarse en el poder

El objetivo final de esta estrategia no es meramente conseguir votos para el PSOE, sino una «ingeniería electoral» diseñada para inflar el censo. La meta es clara: que haya 2.5 millones de votantes en el censo para 2026, para luego, como bien decimos, «encargarse ellos del sobre y del voto».

Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, se ha nacionalizado a más de 1.5 millones de personas. Y esto no para. Actualmente, hay 2.6 millones de solicitudes en trámite, con una cifra asombrosa de 640.000 solo en Buenos Aires. Esta ciudad, por tanto, se convertirá en una de las mayores «provincias españolas» en términos de votantes. El interés es evidente: fabricar votantes cuando los actuales ya no les cuadran las cuentas.

Para conseguirlo, se están destinando recursos públicos a enviar a miembros del PSOE y del Gobierno a Hispanoamérica para hacer campaña. César Mogo, secretario exterior de la Comisión Ejecutiva del PSOE y senador por Lugo, lleva un año de país en país, exprimiendo el voto en Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. Su mensaje es explícito: conseguir la nacionalidad y, acto seguido, el pasaporte, para fortalecer esta «mancomunidad» de votantes. El plan es cambiar el resultado electoral en 18 provincias españolas gracias a este voto extranjero.

El mecanismo es perverso: el documento del censo electoral permite al nacionalizado elegir el municipio o provincia a la que desea ser adscrito para votar en España. Se puede marcar la última residencia, el de mayor arraigo, o incluso «otros motivos». Es en este apartado donde, con la indicación de un funcionario, se puede dirigir el voto a la provincia que el sistema necesite para conseguir uno, dos o tres escaños más para el PSOE. Los mítines que el PSOE organiza en lugares como Buenos Aires no van dirigidos a convencer, sino a instruir a sus miembros sobre cómo dirigir la elección de provincia en los formularios.

Organizaciones como «Justicia Europa» han denunciado estas prácticas ante la Junta Electoral Central, calificándolas de ilegales y contrarias a las normas europeas. Sin embargo, ¿desde cuándo le ha interesado la legalidad a Sánchez?

Irregularidades en el escrutinio del voto CERA

Las sospechas de manipulación no se quedan solo en el censo. Las imágenes que hemos podido ver, denunciadas por Gabriel Araujo en 2024, son demoledoras. En el escrutinio del voto CERA de las elecciones generales de 2023 en Madrid, se observa a funcionarios abriendo sobres de votos antes del escrutinio, rompiendo la cadena de custodia y vulnerando el secreto del voto. Vemos a una funcionaria «hurgando dentro de un sobre con el voto cera», mirando lo que han votado.

Esto, que debería ser un proceso público y transparente, se lleva a cabo a puerta cerrada, sin permitir la entrada a periodistas ni la grabación. La Junta Electoral Central, al ser confrontada con estas pruebas, respondió que «no pasaba nada, que era normal». Es un escándalo a todas luces. ¿Cómo se explica que en las últimas cuatro elecciones autonómicas el PP ganara con mayoría, pero el voto CERA en esas mismas cuatro elecciones lo ganara el PSOE? ¿De verdad creen que el extranjero se movilizó solo por el PSOE, o que había funcionarios cambiando papeletas?

Detrás de todo esto, encontramos a empresas como Indra, multada con 13.5 millones de euros por crear un cártel de licitaciones, y que, increíblemente, seguirá realizando el escrutinio en las próximas generales bajo el control del Ministerio del Interior. El censo electoral, por su parte, es controlado por Babel Sistemas de Información, a la que se le han adjudicado casi 1.6 millones de euros, y cuyo jefe responsable es José Alberto Pérez Cueto, exdiputado del PSOE por Asturias.

La cuestión de la desconfianza y la reacción política

La ciudadanía, como bien me transmiten nuestros confidentes, «ya no les cree nada». La sensación generalizada es que «los votos ya están contados», lo que subraya una profunda desconfianza en el sistema. Los líderes de la oposición, como Feijóo y Abascal, han tardado demasiado en reaccionar, paralizados por el miedo a ser acusados de propagar bulos.

Aunque Feijóo ha «despertado» y ha hablado de manipulación del censo, su reacción llega tarde. Vox, por su parte, ha solicitado la supresión del voto CERA, una medida que, si bien busca combatir las irregularidades, podría ser contraproducente al intentar prohibir el voto a 3 millones de españoles residentes en el exterior con pleno derecho a ejercerlo. La clave, como denuncia «Justicia Europa», no es anular el voto CERA en general, sino centrarse en la opacidad y la discrecionalidad en la adscripción de provincia de los recién nacionalizados por la Ley de Nietos, donde el incremento ha sido anómalo desde julio de 2023, sumando casi 600.000 personas con derecho a voto.

Debemos tomar todas las medidas preventivas posibles, porque no podemos jugárnosla con un partido que tiene «experiencia sobrada y reputada en pucherazos en sus propios comités». La situación es gravísima y requiere de la máxima transparencia para proteger nuestro estado de derecho.

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Quienes deseen ampliar la información y conocer el análisis completo pueden acceder al programa íntegro en el canal de YouTube de Albert Castillón.