Sindicalistas violentos, amenazantes no han conseguido una huelga general

Mi balance de la huelga general es el de un fracaso acompañado de coacciones que no pueden normalizarse. Lo digo como Albert Castillón y lo planteo también como una exigencia política al próximo Gobierno: acabar con las subvenciones a los sindicatos, eliminar los liberados sindicales y recuperar los inmuebles públicos que utilizan estas organizaciones. No me basta con discutir el seguimiento de una jornada de paro. Me preocupa lo que les ocurrió a quienes querían abrir su negocio, llegar a su trabajo o recibir los cuidados de los que depende su vida.

He calificado esta huelga de falsa, política y manipulada. Mi interpretación es que respondió a una estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez y que UGT y Comisiones Obreras actuaron al servicio de esa estrategia. Esa es mi denuncia política, no la conclusión de una resolución judicial. Mi reproche se dirige tanto a los dirigentes sindicales como a un Ejecutivo al que atribuyo una voluntad de alimentar la tensión en la calle.

Un seguimiento que considero insuficiente

La cifra que cité para valorar la jornada fue una caída del consumo eléctrico de apenas un 6 %. Sobre ese dato sostengo mi diagnóstico de fracaso. Frente al balance de los sindicatos, destaqué el escaso seguimiento y la decisión de numerosos autónomos, comercios y establecimientos de hostelería de mantener su actividad.

No confundo una persiana bajada por adhesión a una protesta con otra que se cierra por miedo. Precisamente esa diferencia está en el centro de mi crítica. Denuncié amenazas, daños en escaparates y obstáculos para acceder a los puestos de trabajo. A mi juicio, una parte de la repercusión de la huelga se obtuvo impidiendo que otros pudieran continuar con su jornada.

En Bilbao describí piquetes violentos, algunos de cuyos integrantes aparecían encapuchados. En Barcelona señalé el uso del fuego para cortar carreteras y las rondas desde primera hora. En Madrid destaqué la escasa presencia de manifestantes en la Gran Vía y la intervención policial. También mencioné una participación reducida en Santander y mayor en La Coruña.

Mi objeción no se limita al número de personas que acudieron. Un piquete no informa cuando amenaza ni persuade cuando bloquea por la fuerza. Esa fue la pregunta que planteé: qué clase de información consiste en paralizar carreteras o quemar contenedores para impedir que alguien llegue a trabajar.

Las consecuencias para quienes no podían parar

Entre las situaciones que recogí, hubo una especialmente grave por la dependencia de cuidados de su protagonista. Jordi Sabaté, enfermo de ELA, publicó que su cuidadora había tenido que caminar 11 kilómetros para atenderle. Leí su mensaje: «Mi cuidadora ha tenido que andar 11 km para que no muriera asfixiado. Gracias, piquetes».

Es el testimonio de Sabaté y así debe entenderse. Lo destaqué porque sitúa las consecuencias de los cortes mucho más allá del enfrentamiento entre convocantes y empresarios. Para una persona que necesita asistencia, la imposibilidad de desplazarse de su cuidadora no es una simple molestia.

También relaté una escena situada en una cafetería de la plaza Lesseps de Barcelona, a las once de la mañana. Según describí, tres jóvenes acosaban y amenazaban a un anciano que intentaba desayunar para que abandonara el establecimiento, porque querían cerrarlo. El hombre acababa marchándose con su caminador.

En otro de los cortes se escuchaba a una persona que se identificaba como trabajador de una entidad de periodistas de Cataluña denunciar que les obligaban a cerrar por la fuerza. Recogí igualmente las protestas de agricultores que reprochaban a los sindicatos no representarles. Son escenas y testimonios sobre los que construí mi crítica a una movilización que, en mi opinión, terminó volviéndose contra trabajadores y ciudadanos.

Mi reproche al dispositivo de seguridad

Cuestioné también la actuación del Ministerio del Interior. Afirmé que el dispositivo se había preparado sin refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil y denuncié una permisividad que, a mi entender, facilitó los incidentes. Atribuí políticamente esa decisión a Fernando Grande-Marlaska y a Sánchez.

Mi interpretación es que se buscaba dejar crecer la tensión. Esa atribución de intenciones forma parte de mi análisis del Gobierno. La exigencia que formulo es concreta: las amenazas, las agresiones y los daños no pueden quedar tolerados bajo la etiqueta de una huelga. Reclamé que quienes cometan esas acciones sean detenidos y juzgados con firmeza, con la ley por delante.

Retirar las subvenciones y recuperar edificios públicos

Mi propuesta va más allá de la respuesta policial. Pido acabar con las subvenciones sindicales y que los sindicatos se financien con las aportaciones de sus afiliados. Considero que su dependencia del dinero público deteriora la función de representación que deberían ejercer.

Reclamé además eliminar los liberados sindicales, cuyo coste situé en casi 2.000 millones de euros anuales. Es la cifra que expuse en mi editorial para cuestionar un modelo que considero demasiado costoso y alejado del trabajo cotidiano de quienes dice representar.

A esa petición añadí la devolución al Estado de más de 500 edificios públicos, según la cantidad que señalé, utilizados por los sindicatos. Planteé recuperar ese patrimonio y estudiar su aprovechamiento para vivienda social. Mi exigencia al futuro Ejecutivo es que aborde también ese capítulo, en lugar de limitarse a lamentar los incidentes después de cada movilización.

Conozco a Pepe Álvarez desde hace muchos años y dirigí a él parte de mis reproches. Pero la cuestión de fondo no es una disputa personal: es qué representación ofrecen los sindicatos, cómo se financian y qué respuesta reciben los ciudadanos cuando denuncian que se les impide trabajar. Ese es el cambio que reclamo.

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