Telemadrid, la huelga general y las subvenciones sindicales: mis críticas al respaldo del Gobierno
La suspensión de una serie de programas en Telemadrid por la huelga general me sorprendió. Lo dije al abrir este debate con Marcos de Quinto: una televisión situada en una comunidad donde el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta interrumpía parte de su programación y, a mi juicio, dejaba en evidencia el peso de los sindicatos dentro de la cadena. Mi crítica no se quedó en la pantalla. La pregunta era también cuántos trabajadores habrían querido acudir a su puesto y no habían podido hacerlo.
Ese es el aspecto que quise poner sobre la mesa. Cuando una huelga altera la actividad de una empresa, no basta con mirar lo que deja de funcionar. También hay que preguntarse por quienes no desean secundarla. En una gran fábrica o en una televisión pública, manifestarse contra una convocatoria puede convertir a un empleado en la oveja negra. Esa fue mi advertencia: el temor a quedar señalado forma parte del problema que estaba denunciando.
Nosotros mantuvimos nuestra actividad. Y desde esa decisión abordé dos cuestiones que atravesaron toda la conversación: el respaldo del Gobierno a la protesta y la relación entre las subvenciones públicas y la independencia sindical.
Marcos de Quinto cuestiona la relación de UGT y CCOO con el Gobierno
Marcos de Quinto dirigió sus críticas expresamente contra UGT y Comisiones Obreras. No las extendió al conjunto del sindicalismo. Distinguió a esas organizaciones de otras, como USO y CSIF, a las que atribuyó una labor seria de defensa de los trabajadores. Más adelante incluyó también a Solidaridad entre los sindicatos que, en su opinión, sí cumplen esa función.
Su reproche central fue político. De Quinto sostuvo que UGT y CCOO habían dejado de defender a los trabajadores para actuar al servicio del Gobierno. Para explicar esa acusación, puso el foco en la financiación pública: cifró en 597 millones de euros las subvenciones recibidas entre 2018 y 2025, aunque añadió que no tenía las cifras de «este año».
De Quinto vinculó esa cantidad con lo que considera una dependencia del poder político. Según su interpretación, el Ejecutivo habría sostenido económicamente a esas organizaciones para mantener tranquila la calle, mientras los problemas de los salarios, la vivienda y el coste de la vida no encontraban una respuesta sindical suficiente.
Fue una acusación directa del invitado, que describió la convocatoria como una advertencia preventiva ante un posible cambio de Gobierno. En su lectura, la protesta serviría para mostrar al PP y a Vox la capacidad de movilización de los sindicatos si una futura mayoría decidiera reducirles la financiación.
Su propuesta fue cerrar el grifo de las subvenciones en caso de cambio de Gobierno. Esa fue la conclusión política que extrajo de su diagnóstico sobre UGT y CCOO: considera que la dependencia del dinero público compromete su función representativa.
La distancia entre los dirigentes y el trabajo cotidiano
En ese punto recordé mi primera entrevista como periodista en Barcelona. Tenía 16 años y entrevisté a Pepe Álvarez. Lo traje a la conversación para cuestionar la prolongación de las carreras sindicales y la distancia que, a mi entender, termina abriéndose entre los dirigentes y la vida laboral fuera de la organización.
De Quinto contrapuso a los actuales responsables con Marcelino Camacho y Nicolás Redondo. Recordó su vinculación con el trabajo industrial y sostuvo que aquellos dirigentes se jugaban el tipo de una manera que no reconoce en los actuales líderes de UGT y CCOO.
No era una discusión sobre si debe existir representación sindical. El propio invitado había señalado ejemplos que valoraba positivamente. La crítica se dirigía al modelo de financiación, a la permanencia en los cargos y a la cercanía con el Ejecutivo. Son cuestiones distintas, aunque en esta huelga aparecieran entrelazadas.
Las denuncias de coacciones y la libertad de trabajar
La conversación volvió también a las dificultades para quienes querían mantener su actividad. De Quinto denunció la actuación de piquetes que calificó de coercitivos y afirmó que acudían a los bares para presionar por su cierre. Lo presentó como una forma de intimidación, no como una labor meramente informativa.
Mi objeción inicial a lo sucedido en Telemadrid conectaba con esa preocupación: ¿cuánta gente quería trabajar y no podía hacerlo? No formulé esa pregunta como una cifra de seguimiento de la huelga, sino como el problema que, a mi juicio, quedaba fuera de la celebración política de la convocatoria.
Una cosa es decidir no acudir al trabajo y otra que la decisión ajena determine la propia. Ese fue el sentido de mi intervención sobre los empleados que podían quedar señalados por discrepar dentro de un entorno favorable al paro.
Una huelga respaldada por quienes gobiernan
El respaldo político fue el otro eje del debate. De Quinto citó a María Jesús Montero y le atribuyó haber presentado la convocatoria como una huelga contra la oposición. A partir de ahí, la describió como «una huelga a la busca de un motivo»: una movilización cuya orientación política, según él, precedía a la explicación de sus objetivos.
Mi crítica fue por el mismo camino. Si quienes gobiernan respaldan una huelga para reclamar vivienda, empleo y mejores condiciones, la pregunta inmediata es qué responsabilidad asumen sobre esas materias. No entiendo que el apoyo a una protesta permita dejar al margen la gestión de quienes llevan años en el poder.
Por eso cerré con una pregunta que resume mi posición, no con la constatación de quién organizaba realmente la convocatoria: «¿El Gobierno se hace una huelga a sí mismo o le hace una huelga a la oposición?». Esa es la contradicción política que quise señalar. Quienes tienen capacidad de gobernar no pueden aparecer únicamente como acompañantes de una reclamación sin responder también por sus resultados.
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