Víctor Viciedo denuncia la retirada de aceite español mientras siguen las importaciones de Marruecos y Túnez

Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Labradores Independientes, denuncia que retirar aceite de oliva español del mercado mientras continúan las importaciones de Marruecos y Túnez perjudica al olivarero y puede hacerle perder compradores. He hablado con él sobre una intervención que cuestiona tanto por sus consecuencias comerciales como por una pregunta inmediata: quién paga al agricultor mientras su producción permanece almacenada.

La denuncia de Viciedo es que se limita la comercialización de parte del aceite nacional sin cerrar la entrada al producto extranjero. No describe una compra del Gobierno a esos países: señala las adquisiciones de las envasadoras y los acuerdos comerciales que, según explica, permiten esas importaciones. Esa distinción importa para entender dónde sitúa el problema y qué decisiones reclama.

Más producción, pero también aceite en reserva

En mi planteamiento inicial situé en 188.000 toneladas el volumen de aceite que dejaría de venderse temporalmente y expliqué que la finalidad anunciada era regular los precios para evitar una caída excesiva ante el aumento de producción. Le pregunté a Viciedo qué sentido tenía esa retirada si el mercado seguía abierto al aceite de otros países.

El presidente de la Asociación de Labradores Independientes reconoce que existe un problema de oferta. Según sus cifras, la producción ha aumentado un 23 % respecto al año anterior y hay 357.000 toneladas en reserva. Introduce, sin embargo, un matiz: la campaña precedente estuvo afectada por la sequía y tampoco había sido una gran campaña.

Su crítica no consiste en negar que una mayor disponibilidad pueda hacer caer los precios. De hecho, admite que, aparentemente, el Gobierno está intentando responder a esa situación. Lo que discute es el instrumento elegido y, sobre todo, que se aplique sobre el productor español sin actuar al mismo tiempo sobre las entradas del exterior.

Viciedo recordó que el almacenamiento regulador tiene antecedentes. Según explicó, durante el franquismo se retiraba parte del aceite cuando había sobreoferta para sacarlo después, en momentos de menor disponibilidad. Pero destacó tres diferencias con la situación que denuncia ahora: el Estado compraba el aceite, pagaba su almacenamiento y el mercado no estaba abierto como en la actualidad.

«El productor no cobra nada»

Le hice la pregunta que considero esencial: si el agricultor debe guardar el aceite por decisión del Gobierno, ¿cobra algo por esa producción o tiene que esperar?

«No, no, el productor no cobra nada», respondió Viciedo.

Según el dirigente agrario, el olivarero cobraría cuando pudiera volver a sacar ese aceite al mercado, no por el hecho de tenerlo producido y almacenado. Ahí sitúa una de las diferencias fundamentales respecto al modelo histórico que había descrito: no se trata, en su explicación, de una adquisición pública que permita al agricultor ingresar el valor de su cosecha.

Mi siguiente pregunta fue directa: ¿de qué viven mientras tanto? Viciedo añadió otro riesgo. Si llueve suficientemente en primavera y la siguiente campaña vuelve a ofrecer una producción razonable, el aceite retenido podría coincidir con una nueva cosecha abundante. En ese escenario, advierte, la oferta pendiente de un año se sumaría a la del siguiente.

Es una previsión del invitado, pero explica el fondo de su rechazo: teme que el almacenamiento aplace el problema sin resolver las condiciones que lo provocan.

Salvaguardias antes de retirar el aceite nacional

Viciedo sostiene que los acuerdos comerciales con Marruecos y Túnez contemplan salvaguardias y reclama que el Gobierno recurra a ellas antes de apartar aceite español por una posible sobreoferta. Durante la conversación afirmó que el Ejecutivo no había solicitado esa protección a la Unión Europea.

Su advertencia es que el espacio dejado por el producto nacional puede ser ocupado por aceite tunecino y marroquí. Según explicó, esas entradas están aumentando y llegan en condiciones arancelarias que favorecen su comercialización.

Le planteé la contradicción en esos términos: no parece lógico impedir la venta de una parte del aceite español y permitir que siga entrando el de Marruecos y Túnez. Viciedo respondió que existen herramientas para evitarlo y que deberían utilizarse.

El riesgo que describe no se limita a una venta perdida durante unos meses. Su previsión es que los compradores establezcan relaciones con otros proveedores y que el productor español pierda mercado más allá de la retirada temporal. Es ahí donde sitúa el daño comercial que podría prolongarse después de liberar las existencias.

Suspender el perfeccionamiento activo y proteger productos sensibles

Otra de sus reclamaciones afecta al régimen de perfeccionamiento activo. Viciedo lo describió como el mecanismo por el que las envasadoras compran aceite tunecino para destinarlo después a mercados de fuera de la Unión Europea.

Según afirmó, ese régimen puede detenerse y la Junta de Andalucía había solicitado su suspensión, sin que el Gobierno la hubiera aplicado. Primero defendió paralizarlo durante un año y después amplió su posición: considera que debería suprimirse de manera permanente para favorecer la compra del aceite nacional.

También atribuyó al ministro Planas la afirmación de que cerrar fronteras sería un error. Viciedo la rechaza porque entiende que no puede exigirse al olivarero español que retire producto mientras se mantienen las entradas de fuera.

Le pregunté si un cambio de Gobierno permitiría revertir la situación. Su respuesta fue que podría revertirse en parte, aunque defendió una reforma más amplia: desarrollar la preferencia comunitaria y proteger determinados productos sensibles mediante aranceles y cupos. Citó el aceite, las naranjas y los tomates como ejemplos de producciones que necesitan esa defensa.

La cuestión que le trasladé sigue siendo la misma: si se pretende sostener el precio del aceite español, la intervención no puede analizarse de espaldas a las importaciones. Viciedo reclama que la protección empiece por quien produce, en lugar de exigirle que espere para vender mientras otros proveedores conservan el acceso al mercado.

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