El presidente y vicepresidenta de la Junta Electoral no luchan contra el fraude

No confío en la independencia de la actual dirección de la Junta Electoral Central. Mi crítica tiene dos nombres: el de su presidente, el magistrado Eduardo Calvo Rojas, y el de su vicepresidenta, la magistrada Pilar Teso. Considero que sus perfiles y los vínculos políticos que les atribuyo justifican preguntar qué garantías ofrecen ante unas elecciones.
Mi posición editorial es clara: los considero próximos al sanchismo y cuestiono que estén ejerciendo el control que corresponde frente a posibles irregularidades. Esa es mi valoración política, no la constatación de un fraude electoral. La preocupación que planteo abarca también a quienes sitúo en otros puntos de la gestión de los comicios: Interior, Telefónica, Indra y Correos.
Calvo Rojas y Pilar Teso, en el centro de mi crítica
He situado a Eduardo Calvo Rojas en el sector progresista del Tribunal Supremo. Al cuestionar su nombramiento, pongo el foco en la elección de las personas que ocupan puestos decisivos cuando llega una convocatoria electoral. No me inspira confianza esa proximidad ideológica que le atribuyo.
En el caso de Pilar Teso, he recordado que el PSOE quiso que presidiera el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, sin conseguirlo. Ese antecedente es el que invoco para explicar mi desconfianza hacia su independencia respecto de la Moncloa. Mi reproche es especialmente duro con ella: considero que su trayectoria como candidata respaldada por los socialistas obliga a examinar con atención su actuación al frente del órgano electoral.
No limito la crítica a la presidencia y la vicepresidencia. También he cuestionado el reparto de los puestos propuestos desde el Congreso: dos a propuesta del PSOE, dos del PP y uno de Sumar, según expuse en el editorial. He reprochado, además, que Vox quedara fuera de ese reparto.
Lo que discuto es la confianza que puede generar un órgano de control cuando percibo una influencia de los partidos sobre su composición. No me basta con conocer el cargo de cada uno; quiero saber cómo se ejerce y qué vigilancia se practica.
Interior, Telefónica, Indra y Correos
La otra parte de mi crítica se dirige a los responsables de organismos y compañías que relaciono con la gestión electoral. He mencionado expresamente a Fernando Grande-Marlaska, Marc Murtra, Ángel Simón y Pedro Saura. Mi desconfianza hacia ellos responde a la cercanía política al Gobierno que les atribuyo.
Sobre Indra, he recordado la salida de cuatro consejeros independientes en 2022 y he vinculado aquel episodio con la etapa de Murtra al frente de la compañía. Mi interpretación es que esos movimientos responden a una estrategia de sustitución de perfiles independientes por personas fieles al poder político.
He señalado también el paso de Murtra a la presidencia de Telefónica. En mi análisis, ese recorrido conecta dos compañías a las que atribuyo un papel relevante en la transmisión y gestión de los datos electorales. Esa relación es uno de los motivos por los que reclamo vigilancia sobre todo el proceso.
En cuanto a Ángel Simón, he subrayado la proximidad al PSC y a Pedro Sánchez que le atribuyo. Mi objeción se centra en que una empresa vinculada a la gestión electoral tenga al frente a alguien a quien considero políticamente próximo al Gobierno.
La misma desconfianza he expresado sobre Pedro Saura, al recordar su trayectoria como diputado y concejal del PSOE y su paso por Paradores antes de llegar a Correos. Su recorrido político es el elemento que he puesto sobre la mesa al abordar el voto por correo. No he descrito un episodio concreto de alteración de votos por parte de Saura: he cuestionado la confianza que me ofrece su nombramiento.
El anuncio de resultados y la comprobación posterior
Mi preocupación no termina en la noche electoral. He criticado que, pocas horas después de votar, las televisiones y las radios anuncien un ganador mientras la atención pública sobre las comprobaciones posteriores desaparece.
El centro de mi denuncia es la verificación de los resultados de las mesas. He acusado a la administración electoral de no abrir los sobres y leer en voz alta esos resultados como, según sostuve, exige la ley. Es una acusación sobre el funcionamiento del control electoral y así debe entenderse.
Lo que reclamo es que la comprobación posterior no quede relegada por el resultado difundido durante la noche. Mi crítica distingue esos dos momentos: la comunicación inmediata de los datos y la revisión que debe permitir comprobarlos. Es en ese segundo momento donde he situado una parte esencial de mis reproches a la Junta Electoral.
Un llamamiento a votar desde la desconfianza
Mi conclusión política ha sido pedir una movilización masiva. He hablado de un «tsunami de votos» para PP y Vox, porque considero que una victoria amplia sería la mejor respuesta al escenario de desconfianza institucional que he descrito.
También he defendido que cada ciudadano vote en conciencia, incluidos quienes prefieran partidos pequeños. No retiro esa defensa de la libertad individual por expresar mi preferencia por una mayoría de centroderecha.
He llegado a advertir del riesgo de fraude y a cuestionar anteriores elecciones. Son acusaciones que forman parte de mi posición editorial, no resultados de una resolución que haya citado. Mi llamamiento es a participar y a no desentenderse de la vigilancia electoral cuando se cierran las urnas. Votar y comprobar el resultado son las dos preocupaciones que he querido colocar en primer plano.
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