Elena Ramallo: “No nos damos cuenta de que la imposición de la sharía islámica cada día va a más en España”

Señores, el pasado viernes Portugal prohibió el uso del burka en espacios públicos. Quien se tape el rostro podrá ser multado con hasta 4.000 euros.
Francia lo hizo en 2010, Bélgica en 2011, Bulgaria y Noruega en 2016, Austria en 2017, Dinamarca en 2018, Países Bajos en 2019 y Suiza en 2021.
¿Y en España? Nada. Aquí se puede ir con el rostro cubierto por la calle, e incluso la foto del DNI se permite con el pañuelo puesto.

PSOE y PP repiten que “el Islam no es un problema”. Pero hay quienes piensan —y con razón— que esta permisividad es una rendición cultural.

Por eso invité a Elena Ramallo, doctora en Derecho y profesora, para hablar con claridad.

— Profesora Ramallo, ¿hay un problema con el Islam en España?

“Lo primero que hay que decir —respondió— es que el Islam no es solo una religión, sino un régimen político-religioso que busca imponer sus normas, entre ellas la sharía, contraria a la democracia, las libertades y los derechos. Que los partidos occidentales lo permitan es ir contra la democracia”.

— ¿Por qué cuesta tanto entender que el burka debería prohibirse, o que las niñas no deberían ir con velo al colegio?

“Por los votos. La izquierda y el Partido Popular han entregado nuestra esencia democrática por los votos. Y con ello limitamos derechos a muchas niñas y mujeres. Somos el país más feminista del mundo, pero permitimos cárceles de tela para las mujeres y niñas tapadas en clase por considerarlas impuras. Esto es solo el comienzo. Si seguimos así, también nuestras hijas serán sometidas a la sharía”.

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En enero, la Comisión Islámica de España publicó un informe pidiendo menús halal en los colegios y otras exigencias.
Pocas semanas después, el Boletín Oficial del Estado lo asumió casi punto por punto, con una subvención de 1,7 millones de euros.

Ramallo fue tajante:

“La escolarización es obligatoria, pero no lo es el comedor. Si algunas familias no quieren que sus hijos coman cerdo, pueden llevarlos a casa, pero no obligar a todos los niños a comer lo que dicta la Comisión Islámica. Es una vergüenza”.

Y añadió algo aún más grave: el presidente de esa comisión, Aiman Adlbi, sigue investigado por la Audiencia Nacional por presunta financiación de grupos vinculados a Al Qaeda.
Aun así, el Estado mantiene la subvención y el monarca lo ha recibido oficialmente.

“No entiendo —dijo Ramallo— cómo un investigado por terrorismo puede presidir un órgano financiado con dinero público. Esto recuerda a lo que ocurrió con Hamás y el dinero de cooperación internacional. Parte de ese dinero puede acabar en Siria o en otros destinos opacos. Es intolerable”.

Algunos justifican esta cesión apelando a la aconfesionalidad del Estado, pero Ramallo desmontó el argumento:

“No se está atacando a una religión, sino a un régimen político contrario a nuestra democracia. Y además, nuestra cultura cristiana forma parte de la esencia española, visible en nuestras festividades y en el derecho canónico. Renunciar a ello es renunciar a nuestra identidad”.

Coincido con ella: no hay que tener miedo a defender lo que somos.
Callar por corrección política solo acelera la imposición de una ley extranjera sobre nuestra Constitución.
España no puede permitirse esa claudicación.

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