La farsa de Pedro Sánchez: defendiendo a su familia mientras la Justicia avanza contra la corrupción

Asistimos estos días a un espectáculo que, por repetido, no deja de ser menos indignante. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en defensa de su mujer, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez, ante las graves acusaciones de corrupción y tráfico de influencias que pesan sobre ellos. Lo ha hecho con un discurso que, si me lo permiten, resulta insultante para la inteligencia de los ciudadanos.

El hermano condenado y el Tribunal de Cuentas en acción

¿Qué podemos decirle a un presidente que tiene a su propio hermano condenado? Es un hecho. David Sánchez ha sido condenado por enchufismo, por tráfico de influencias y por la colocación de colegas, amigos y hermanos. Esta es una realidad que debería avergonzar a cualquiera, pero que el presidente intenta blanquear con una retórica vacía. Es precisamente por este tipo de situaciones por lo que, desde este diario, insistimos en la necesidad de un reinicio moral en España. No podemos permitirnos el enchufismo y el tráfico de influencias que corroe nuestras instituciones.

Y, en este sentido, quiero dar una buena noticia. Respecto al caso de David Sánchez, el Tribunal de Cuentas ha dado el primer paso de admisión a trámite de una denuncia que nosotros mismos presentamos. Esta denuncia ya ha sido enviada a la sección de enjuiciamiento para que se exija la devolución de 420.000 € de manera provisional. Muchos ciudadanos nos preguntaban cómo era posible que esta gente no devolviera el dinero. Pues bien, la sociedad civil, una vez más, ha tenido que actuar para que se cumpla la ley.

Begoña Gómez: contratos, Moncloa y una verdad incómoda

La defensa de Sánchez sobre su mujer, Begoña Gómez, es aún más bochornosa. Afirma que ella renunció a su empresa para evitar conflictos de interés. Permítanme que lo diga claramente: todo lo que dice es mentira. Begoña Gómez no era una gran profesional que colaboraba con la Complutense; era, según nuestras informaciones, la hija que llevaba las toallas en la sauna y prostíbulos de la familia. Dejó la empresa Inmark, sí, pero seguía siendo accionista y, lo más grave, firmó cinco contratos con el gobierno Sánchez para llevarse 300 y pico mil euros, una parte de un porcentaje. Solo esto ya debería haber provocado su dimisión y la de su marido.

Pero la cosa no acaba ahí. Después de supuestamente dejar la empresa, Begoña Gómez empezó a llamar a Google y a Telefónica para que vinieran a Moncloa a tomar café y a firmar negocios de ella. Nos cree imbéciles. Es tan escandaloso que cuesta creer que haya quien todavía le dé crédito a estas explicaciones. Como bien apuntaba Juanjo, nuestro policía judicial, solo por ética, Begoña Gómez debería haber dimitido. Y la pregunta es pertinente: ¿esa señora hubiera llegado a algún sitio si su marido no hubiera sido presidente? La respuesta, a la luz de los hechos, parece evidente.

La Acción Popular: el bastión contra la corrupción que Sánchez quiere eliminar

El presidente Sánchez, en su intento por silenciar las voces críticas y obstaculizar la acción de la justicia, quiere eliminar la figura de la Acción Popular. Esta figura, que permite a ciudadanos y partidos personarse en causas judiciales, es un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción política. El propio magistrado del Tribunal Supremo, Marchena, ha reconocido su función constitucional en defensa de la justicia y de la sociedad civil.

Es un hecho que partidos como Vox o el Partido Popular se presentan como acusaciones populares. Pero no solo ellos. La sociedad civil, los periodistas de investigación, los tribunales, los canales de información como este, la Unidad Central Operativa (UCO), jueces como Peinado y Viedma, y algunos fiscales, estamos cansados y hemos despertado. Estamos hartos de una senda que nos lleva a un precipicio. La figura de la acusación popular es lo que limita la corrupción del régimen del 78. Si se elimina, como ya intentó hacer Gallardón en su momento con una reforma similar a la que ahora propone Bolaños, estaríamos abriendo las puertas de par en par a la corrupción de las cúpulas de los partidos políticos. Sería, sin más, el Far West.

Es incomprensible cómo un gobierno que llegó al poder con la bandera de la regeneración ahora intenta desmantelar los mecanismos que permiten a la sociedad luchar contra la corrupción. La defensa de Sánchez a su familia, cargada de mentiras y contradicciones, no hace más que confirmar lo que muchos ya sospechamos: en este país, algunos se creen por encima de la ley, y el poder se utiliza para proteger intereses personales y familiares. Pero no lo permitiremos. La sociedad civil seguirá vigilante.

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