El Tribunal Supremo abre diligencias por la polémica Ley de Nietos y el voto CERA

Por primera vez en la historia reciente de nuestro país, el Tribunal Supremo ha decidido abrir diligencias sobre la controvertida Ley de Nietos. Una noticia que llega tras la petición de Justitia Europa, la asociación que, como siempre he dicho, trabaja incansablemente en la defensa de la legalidad y la transparencia, y que ha logrado que se fije una vista oral para el 7 de septiembre donde se discutirán medidas cautelares.

La posibilidad de que la Ley de Nietos, o al menos sus efectos más perniciosos, pueda detenerse en septiembre es un rayo de esperanza. Hemos estado denunciando esta situación durante meses, y ahora, por fin, la justicia parece dispuesta a mirar de cerca lo que está sucediendo.

La Ley de Nietos bajo el foco: nacionalidad y voto sin control

Desde Justitia Europa, de la mano de Luis María Pardo, se interpuso una denuncia ante la Junta Electoral Central por la disposición adicional octava de la Ley de Nietos. Esta instrucción, según la denuncia, estaba habilitando a miles de personas en el exterior para obtener la nacionalidad española y, con ella, el derecho al voto a través del censo CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes en el extranjero). Lo que se ha denunciado es que el arraigo a España podía acreditarse incluso «con un folio de un partido político», lo que es una auténtica barbaridad.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral es clara: el censo electoral debe ser transparente y público. Existen controles severos que se deben cumplir en las provincias, y cualquier alteración significativa, ya sea por aumento o disminución, debe ser investigada. Pero, ¿qué ha pasado aquí? La sospecha es que se ha obviado cualquier control, abriendo la puerta a una habilitación masiva de votantes con fines puramente electorales.

La Junta Electoral Central y la vía del Supremo

Lo más «sorprendente», como bien ha señalado Luis María Pardo, es que la Junta Electoral Central (JEC) denegó la petición de Justitia Europa. Y digo sorprendente porque cuatro vocales de la JEC emitieron un voto particular favorable a la investigación, reconociendo la necesidad de indagar qué estaba ocurriendo con esa disposición adicional y por qué se estaban habilitando a «centenares de miles» de personas para votar. Que casi la mitad de los vocales discrepen de la decisión mayoritaria ya nos da una idea de la gravedad del asunto.

Ante esta negativa, Justitia Europa no se ha quedado de brazos cruzados. Han presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo y, lo que es crucial, una petición de medidas cautelares. El objetivo es claro: suspender las altas de nuevos votantes y, lo más importante, investigar todas las que ya se han dado. No podemos saber el alcance real de esta maniobra, porque, como ha confesado Pardo, «no existe un control efectivo». No sabemos cuántos pasaportes se han concedido ni cómo ha afectado el aumento del censo en determinadas provincias. La transparencia es la palabra clave aquí, y es precisamente lo que brilla por su ausencia.

Un pasaporte español devaluado y la sombra del fraude

Es incomprensible cómo el valor de un pasaporte español se ha devaluado. Mientras hay ciudadanos que llevan treinta años en España intentando conseguir la nacionalidad sin éxito, se la «regala» a personas que «no pisarán jamás España». En otros países europeos, obtener una nacionalidad es un proceso «complicadísimo», y aquí parece que se ha convertido en un instrumento más para «seguir ahí en el poder».

El gobierno, en su día, nos tildó de «terraplanistas electorales» o «negacionistas electorales» por denunciar esto. Una reacción que, lejos de acallarnos, nos confirmó que «dimos en el clavo». Cuando el poder político descalifica en lugar de explicar, es que algo oculta. Y en este caso, lo que se oculta es la verdadera magnitud de una operación que podría haber alterado significativamente el censo electoral.

Mi compañero Juanjo Mateos, policía judicial, recordaba cómo en su día se habló del éxodo vasco, con cientos de miles de vascos que tuvieron que huir por el terrorismo. Una auténtica ley de memoria democrática debería dar derecho a voto a esas personas, estuvieran donde estuvieran, para que pudieran influir en el destino de su tierra. Eso sí sería justicia electoral, no esta barra libre de nacionalidades.

Pedro Sánchez ha anunciado el fin de la legislatura y ha exigido que se «reconozcan los resultados electorales». Presidente, los resultados electorales se reconocerán si se ha hecho un proceso electoral transparente. Y lo que vemos aquí es justo lo contrario. La sospecha de que el gobierno «está preparando el terreno para después acabar cometiendo presuntamente fraude» es cada vez más fuerte. El gobierno no es el árbitro en materia electoral, esa función recae en la Junta Electoral Central, que «no puede abdicar de sus funciones».

La exigencia de Justitia Europa es clara: investiguemos qué es lo que ha sucedido, veamos si ha habido irregularidades, encontremos los fallos que se han producido. La democracia se sustenta en la confianza y la transparencia de sus procesos, y en este caso, esa confianza está seriamente comprometida.

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