Prórroga en Correos para inmigrantes: un «fraude de ley» que altera el censo y genera «agravio comparativo»
Bienvenidos a Castillón Confidencial. Hoy traigo una noticia que, de confirmarse en toda su extensión, como ya estamos viendo, es un auténtico escándalo que debería encender todas las alarmas. El Gobierno ha vuelto a mover ficha en su particular estrategia para la regularización masiva de inmigrantes, y lo ha hecho de una manera que solo puedo calificar como un «fraude de ley en toda regla».
La prórroga de Correos: un «fraude de ley» y un «gasto brutal»
El pasado 30 de junio venció el plazo para que los inmigrantes sin documentación presentaran sus solicitudes. Pero, ¿qué ha hecho el Gobierno? Ha ordenado a Correos, y estoy seguro de que la orden viene directamente de Moncloa, que amplíe este plazo tres meses más. Es decir, hasta finales de septiembre, Correos seguirá atendiendo a quienes no han presentado la documentación, bajo la premisa de que “ya después presentaré la documentación”. Esto es un absurdo.
Y no solo es un absurdo legal, es un «gasto brutal para Correos». Estamos hablando de 383 oficinas en toda España que tendrán que dar este servicio mañana y tarde, durante julio y agosto. Esto implica reforzar la plantilla en un momento en que Correos, según sabemos, ya está en quiebra. ¿Quién asume este coste extra? Nosotros, los contribuyentes, para que «cuantos más mejor se regularicen o se nacionalicen».
El «agravio comparativo» para quienes cumplen la ley
La indignación es máxima cuando observamos el «agravio comparativo tremendo» que esto supone para millones de personas que han seguido los cauces legales para obtener la residencia o la nacionalidad. Pienso en el caso de Gabriel Araujo, que vino de Uruguay y tuvo que gastarse «un dineral», viajar, conseguir una exención de visado, un precontrato laboral y tramitar un permiso de residencia que le llevó años hasta poder optar a la nacionalidad. Un proceso costoso, largo y exigente.
Mientras tanto, vemos vídeos de personas en Cuba que, sin haber pisado España en su vida, celebran con alegría en sus redes sociales el haber obtenido su pasaporte español. «Soy legalmente, oficialmente ciudadana española», dicen, mostrando su pasaporte. Esta mujer podría no solo votar en España, sino obtener la residencia. Ellos no hacen eso y tienen residencia.
Recibo cada día mensajes de gente que lleva 20, 30 años trabajando, cotizando en este país, y no se les permite la nacionalización. Es una «doble vara de medir» inaceptable. Para el gobierno, parece que la prioridad no son nuestros conciudadanos, sino una agenda política que busca la regularización masiva a cualquier precio. Yo defiendo el concepto de prioridad nacional: primero, los nuestros, los que están aquí, los que han construido este país.
Un millón de inmigrantes, cinco millones de votos: la alteración del censo electoral
Este proceso de regularización no es baladí. La policía reconoce que «más de un millón de inmigrantes» van a entrar en este proceso. Y lo más preocupante es lo que viene después: tienen derecho a la reagrupación familiar. Esto podría significar que, en total, estamos hablando de atender a «por encima de 5 millones» de personas en España.
El objetivo es tan evidente que da vergüenza ajena: «variar el censo electoral». Se trata de una «política de hechos consumados» que busca cambiar la demografía y, con ello, los resultados electorales, de forma irreversible.
La «Ley de Nietos» y el contrato millonario con Neoris: sin «ningún filtro»
Como si la prórroga de Correos no fuera suficiente, el Gobierno de Sánchez ha contratado a la empresa estadounidense Neoris, con filial en España, por casi «2 millones de euros» —pagados, por supuesto, con fondos europeos— para «agilizar la Ley de Nietos».
¿Por qué ahora esta necesidad de agilizar? Porque la «misma trampa» que ocurre con Correos, la de permitir la subsanación de documentos fuera de plazo, se aplica también a las nacionalizaciones. La gente presentó un «papelito en plazo» antes de octubre de 2025, y ahora, a posteriori, busca la documentación. Es decir, aunque el plazo para presentar la solicitud acabó, se sigue permitiendo aportar papeles, desvirtuando completamente el proceso.
Esta contratación de empresas externas como Neoris, o como la empresa INECO que contrató a una empresa castrista en Cuba, demuestra que «no se está poniendo ningún filtro». Se contrata directamente a quien aparezca, sin importar las implicaciones o la seriedad del proceso. ¿Qué diría la administración a un contribuyente español que pide tres meses para aportar la documentación de un recurso de multa? La respuesta es obvia, y no es la misma que se da aquí.
La lentitud judicial y la «política de hechos consumados»
Se han interpuesto varias demandas para frenar este despropósito, algunas pidiendo medidas cautelares. Pero el Tribunal Supremo, que es quien ha de decidir, actúa con una lentitud exasperante. «¿Por qué va tan lento? Parece obvio que esto no es legal. ¿Por qué tardan tanto en pararlo?»
La triste realidad es que, mientras la justicia se toma su tiempo, el Gobierno impone una «política de hechos consumados». Cuando el Supremo decida, si es que lo hace, el daño ya estará hecho, el censo ya estará alterado y los millones de nuevos ciudadanos ya estarán aquí. La sociedad civil y los partidos políticos, a mi juicio, han reaccionado tarde a esta deriva.
Lo que está en juego no es solo la legalidad de un proceso, sino la propia integridad de nuestro sistema democrático y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. No podemos permitir que se utilice la inmigración como una herramienta para la ingeniería social y electoral.
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