Gibraltar nos roba con permiso del PSOE

Mientras los políticos del PSOE callan, Gibraltar sigue ampliando su territorio sobre aguas españolas, destruyendo fondos marinos con piedra española. Y lo hace con total impunidad.

Recibimos las imágenes de un amigo confidencial desde Casares, Málaga. En la cantera de la Utrera, cientos de camiones cargados de roca salen cada día rumbo a Gibraltar. Allí, esas piedras se lanzan al mar, dentro de espacio marítimo español. Nadie hace nada. Ni la Fiscalía investiga, ni los ecologistas protestan.

Los vídeos son claros: convoyes enteros de camiones cargados con toneladas de piedra, vertidas en el mar para ganar terreno al agua y construir un nuevo complejo urbanístico —seis rascacielos, hoteles y mansiones de lujo— llamado Hassan Century, en homenaje a un antiguo ministro gibraltareño. Lo hace una constructora portuguesa en acuerdo con el gobierno de Gibraltar.

Y aquí llega la vergüenza: Europa, con el apoyo del PSOE, ha sacado a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales. Ya no lo consideran paraíso fiscal, aunque allí haya más empresas que habitantes. Mientras tanto, siguen entrando y saliendo los intereses políticos de siempre.

Ahí está Felipe González, miembro del consejo del Grupo Boluda, propietario de los remolcadores en Gibraltar. Aplaude a Fabián Picardo, jefe del Peñón, mientras los camiones pasan. Y no olvidemos al exministro José Luis Ábalos, que el 10 de octubre de 2021, tres meses después de ser cesado, entró solo a Gibraltar, sin escolta, permaneció 40 minutos y salió. ¿A qué banco fue? ¿A qué caja de seguridad?

Todo esto ocurre mientras se destruye el fondo marino español y se erosiona la soberanía nacional. Y el PSOE mira hacia otro lado. Nos están vendiendo el país a pedazos.

El proyecto Hassan Century, actualmente en construcción, prevé seis torres residenciales de gran altura, un puerto deportivo con miles de amarres, hoteles y zonas de ocio. La obra se levanta sobre terreno ganado al mar con material procedente de canteras malagueñas. Organizaciones locales han denunciado el impacto ecológico y económico de la operación, que afecta a caladeros y corrientes marinas en la costa de la Línea de la Concepción.

Pescadores de la zona aseguran que las obras están destruyendo sus bancos de pesca y alterando las mareas. A pesar de ello, no existe respuesta institucional ni investigación abierta. Según fuentes locales, los trabajos llevan meses realizándose, a menudo durante la noche para evitar atención mediática.

Europa y el Gobierno español no han emitido comunicados oficiales respecto a estas denuncias.

Mientras tanto, seguimos pagando impuestos para que se destruyan nuestros recursos naturales con nuestra propia piedra. La Fiscalía calla. El Gobierno calla. Pero aquí seguimos, confidenciales, para contarlo.

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