Gustavo Matos, el hombre de Sánchez en Tenerife, salpicado por el narco

La cloaca se desborda. Ya no queda delito del Código Penal que no haya rozado el entorno del presidente Pedro Sánchez. Hoy añadimos uno más a la lista: colaboración con el narcotráfico. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Policía Nacional.

El protagonista: Gustavo Matos, vicepresidente segundo del Parlamento Canario y ex presidente del mismo. Un sanchista de primera fila, uña y carne del presidente, íntimo de Ángel Víctor Torres —expresidente canario reciclado a ministro por gracia de Moncloa— y colocado por Sánchez en la ejecutiva del partido en Canarias.

Según desveló El Mundo y ha confirmado Castillón Confidencial, Matos habría ejercido de mediador entre el jefe de una red de narcotráfico y cargos del Gobierno en Canarias. ¿El objetivo? Frenar las inspecciones a clubes canábicos del sur de Tenerife. Clubes que, según la policía, eran tapaderas para vender cocaína y heroína.

Y aquí viene el personaje clave: Mohamed Derb, libanés, fundador del partido Fuerza Canaria, detenido y en prisión desde el 1 de mayo por narcotráfico. Derb tiene antecedentes: ya fue encarcelado en 2001 por tráfico de drogas. El juez entonces: Baltasar Garzón.

Pero lo más escandaloso no es el pasado de Derb, sino su presente: las grabaciones policiales lo captan charlando con Matos en una cafetería de Santa Cruz, junto a otro implicado, el presidente de los jóvenes abogados de Tenerife, también imputado. La conversación no deja lugar a dudas: Matos se ofrece como puente para calmar “la guerra”, activar sus “contactos” y hablar con “el subdelegado” y “el delegado del Gobierno”, ambos —según él mismo admite— nombrados por su “cuerda política”.

¿Y cómo se defiende Matos? Asegura no conocer al libanés. Pero la conversación es clara: “Dame un par de días. Voy a hablar con el subdelegado… Tengo mucha confianza con Anselmo Pestana”. Y añade que si hace falta, subirá más arriba. Todo grabado. Todo textual. Todo reproducido con IA en el programa para que no haya dudas.

La pregunta es obvia: ¿va a dimitir alguien? ¿Veremos alguna consecuencia política o penal? No. En la España de hoy ya ni por colaborar con narcotraficantes se aparta uno del cargo. Al contrario, se blindan. Porque aquí el único que dimite es el ciudadano, cuando se le agota la paciencia.

Esto no ha hecho más que empezar. La trama sigue abierta y promete salpicar más. En Castillón Confidencial seguiremos tirando del hilo.