INVESTIGACIÓN «El tren descarriló por utilizar materiales de segunda y no homologados»
Lo que pasó en el tren de Córdoba no fue un sabotaje, no fue un accidente, no fue el azar ni el destino.
Fue corrupción. Y hoy puedo explicar cómo se hizo.
No es fácil contar esto porque es la demostración del fracaso del Estado español, del caos institucional en el que vivimos desde hace años. En apariencia todo funciona, pero por dentro está podrido desde hace mucho tiempo.
Ayer el presidente del Gobierno habló de verdad y de transparencia. Dijo que se conocería el origen de la causa de esta tragedia con claridad absoluta. Bien. Vamos a hacerlo nosotros. Vamos a predicar con el ejemplo.
España está organizada de forma que las infraestructuras públicas —trenes, carreteras, obra civil— permiten siempre dejar caer millones para financiar a los partidos que adjudican las obras. Ocurre en comunidades autónomas y ocurre en el Gobierno central. Por eso el Ministerio de Fomento es clave: quien lo controla financia al partido y se lleva su parte. La mayoría de exministros han acabado imputados. Y uno, directamente, en la cárcel.
En Córdoba no hubo mala suerte. Hubo soldaduras mal hechas, realizadas así para ser más baratas y para acabar antes. Había prisa por no interrumpir el tráfico ferroviario. El negocio es el negocio.
No fue una soldadura defectuosa. Fueron muchas. Tantas que es posible que haya que revisar todas las líneas de alta velocidad de este país. Porque esto puede volver a suceder ahora mismo, en un AVE camino de Barcelona o de Sevilla.
Hay una empresa, Azvi, que tenía el 25 % de la contrata. En 2023 contrató como asesores a Koldo García y a su mujer, con un sueldo de 6.000 euros mensuales más una comisión del 0,70 % por proyecto, hasta un máximo de 350.000 euros. Patricia nunca trabajó. Ni se esperaba que lo hiciera. Se la contrató para que su marido facilitara contratos a través de Ábalos.
Las empresas cobraron más de 50 millones de euros por arreglar esa vía. Dijeron que estaba lista en mayo. El resultado: 41 muertos.
Esto no es solo una cuestión de soldaduras. Miren los travesaños de cemento del lugar del accidente: rotos, destrozados. Los expertos nos dicen que deberían llevar alambres internos para evitar esa degradación. No los llevaban.
La empresa que fabricó esos travesaños se llama Áridos Anfersa. Y también allí trabajaba —sin trabajar— la mujer de Koldo. Esa empresa cobró más de 5 millones de euros por un material que no estaba homologado para alta velocidad. Los travesaños homologados se fabrican en Toledo. Pero eran más caros.
Ganó la contrata quien contrató a la esposa de Koldo.
Esa misma empresa ha vuelto a recibir adjudicaciones hasta 2027 y va a cobrar 108 millones de euros de fondos europeos. Y así podríamos seguir horas.
Desde 2019 han descarrilado más de 100 trenes en España. Desde 2022 se han registrado 22 incidencias graves. Solo en 2025, 10 accidentes, con tres colisiones. Era cuestión de tiempo que muriera gente. Y lo peor es que puede seguir muriendo gente, porque el AVE en España, con estos datos, es hoy un riesgo real.
Se abaratan costes, se hacen mal las soldaduras, se colocan materiales no homologados y todo para que una organización criminal sin conciencia se lleve millones y financie propaganda política.
Así funciona el sistema: primero se adjudica al más barato. Después se amplía el presupuesto con sobrecostes. Y cuando la obra ya es cara, la empresa recorta donde no se ve. Ahí es donde empiezan las muertes.
En la España de 2026, el presidente de Renfe no tiene experiencia ferroviaria. Era concejal. Y con eso basta. Como él, muchos.
La corrupción mata. Y puede seguir matando, porque nada ha cambiado. Y si cambia el color del Gobierno, temo que tampoco cambiará el sistema. Ya lo vimos con otros accidentes, otros pactos y otros silencios.
¿Querían verdad y transparencia? Ya la tienen. Las pruebas están donde siempre. Y nosotros vamos a seguir combatiendo la corrupción con información, que es nuestro deber.
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