Javier Pérez-Roldán lleva a los tribunales la invasión de Ceuta: querella contra Marruecos y el Gobierno Sánchez
El abogado Javier Pérez-Roldán, de Hazte Oír, ha dado un paso que no debería haber tenido que asumir la sociedad civil: llevar a los tribunales la invasión de Ceuta. Según explicó en el programa, la asociación ha presentado una querella contra Marruecos y contra la cadena de mando del Gobierno de España para que se investigue quién organizó aquella entrada masiva y, sobre todo, quién ordenó no hacer nada.
No hablamos de una discusión política más. Hablamos de una ciudad española, de una frontera europea y de una operación que, según el relato expuesto, no tuvo nada de espontánea. Pérez-Roldán estuvo allí, en Ceuta, durante la madrugada de los hechos. Su testimonio es importante porque no habla desde un despacho ni desde una tertulia: habla como alguien que vio sobre el terreno la falta de medios, la ausencia de grandes dispositivos y una escena que, en condiciones normales, debería haber activado todas las alarmas del Estado.
Una querella para saber quién dio la orden
La clave de la querella es sencilla y enorme al mismo tiempo: identificar a quienes organizaron la invasión y a quienes ordenaron no actuar. Pérez-Roldán explicó que no basta con lamentarse, ni con aceptar la versión oficial, ni con mirar hacia otro lado mientras el asunto se enfría. Por eso la vía judicial busca que se pidan pruebas antes de que desaparezcan.
Entre esas diligencias está la preservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad de Ceuta. Según explicó, muchas de esas imágenes pueden perderse si no las solicita un juzgado a tiempo. También se reclaman las órdenes emitidas por los ministerios implicados, especialmente Defensa e Interior, y las comunicaciones que pudieran haberse producido entre autoridades españolas y marroquíes.
Ese punto es decisivo. Si hubo órdenes de no intervenir, hay que saber quién las dio. Si hubo comunicaciones previas, hay que conocerlas. Y si la frontera quedó desprotegida por decisión política, la responsabilidad no puede diluirse en una nube de excusas administrativas.
El testimonio de la madrugada en Ceuta
Pérez-Roldán relató que en la madrugada de la invasión se encontraba en la playa de Ceuta. Según su testimonio, a las cuatro de la mañana apenas estaban allí el Ejército, unas pocas tanquetas y la Guardia Civil. No había, según contó, una presencia proporcional a la gravedad de lo que estaba ocurriendo.
El abogado también describió elementos que considera sospechosos: vehículos situados cerca de la frontera del Tarajal, personas que observaban a los recién llegados, entrega de ropa limpia desde el maletero de un coche y la posibilidad de que también se estuviera facilitando documentación u otros medios. Además, mencionó la aparición de tarjetas SIM españolas y el hecho de que algunos recién llegados buscaran vivienda de alquiler, algo que no encaja con la imagen de una llegada improvisada y desesperada.
Son indicios que deberán valorar los tribunales, pero precisamente por eso la querella tiene sentido. Cuando una situación afecta a la soberanía nacional, a la seguridad fronteriza y a la integridad de una ciudad española, no se puede dejar todo en manos del relato político de quienes tenían la obligación de protegerla.
Marruecos, el Gobierno y la cadena de mando
Hazte Oír dirige su querella contra Marruecos, pero también contra la cadena de mando del Gobierno de España. Esa doble dirección es fundamental. Si la operación fue organizada desde el otro lado de la frontera, hay una responsabilidad exterior. Pero si desde España se sabía lo que iba a ocurrir y aun así se ordenó no actuar, entonces también hay una responsabilidad interna.
Pérez-Roldán insiste en que aquello fue una invasión, no una simple crisis migratoria. Y esa diferencia no es retórica. Si se acepta que fue una operación organizada, la pregunta cambia por completo: ya no se trata solo de cuántas personas entraron, sino de quién abrió la puerta, quién miró hacia otro lado y quién permitió que Ceuta quedara abandonada.
La querella busca poner nombres, documentos y pruebas encima de la mesa. Esa es la única forma de romper el muro de silencio que tantas veces protege a quienes toman decisiones desde lejos y luego dejan a los ciudadanos y a los agentes sobre el terreno pagando las consecuencias.
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