La Justicia española trata a los agresores como ‘niños’ y la cruda realidad de la explotación femenina en Ceuta
Esto es lo que entra en España: la indignidad, la falta de ayuda institucional, el sentirte atado. Así es como se siente mucha gente, absolutamente desprotegida, frente a una realidad cruda que nuestro sistema judicial parece no querer o no saber abordar con la seriedad que merece.
He conocido el caso de Ester, una mujer que ha tenido que defenderse en múltiples ocasiones de un vecino que la acosaba, que llegó a defecar y a embadurnar su puerta, y que incluso maltrataba a un perro que ella tuvo que quitarle con la ayuda de la policía. Tres veces ha tenido que usar spray pimienta y propinarle patadas para repeler sus ataques. Este individuo, ahora en prisión, lo está por robo, no por el calvario que le hizo vivir a Ester. Una muestra de cómo los delitos que la policía y los jueces tildan de ‘menores’ pueden destruir la vida de una persona.
La alarmante situación de Ceuta: agresiones y explotación sexual de niñas
Pero la situación se agrava aún más al mirar a Ceuta. En el centro Piniers, en la barriada del Príncipe, un menor no acompañado (MENA) de 17 años ha sido detenido por agredir sexualmente a tres niñas marroquíes de 10 y 11 años. Lo han trasladado a un centro de internamiento con puerta cerrada, pero la policía sospecha que hay muchas más víctimas. Hasta la fecha, se han denunciado 23 agresiones, aunque me dicen que hay decenas más. Lo más escalofriante es la prostitución de niñas por comida. Niñas que se ven obligadas a prostituirse porque las privan de alimento. ¿Cómo podemos aceptar esto en territorio español y europeo?
El análisis del psicólogo Roberto Crobu: ‘inimputables’ y la concepción cultural de la mujer
Mi amigo y psicólogo Roberto Crobu ha analizado esta situación con una claridad desoladora. Crobu explica que la justicia trata a estas personas en la condición de un niño de 3 años, como si fueran inimputables. Menciona que la tendencia a utilizar las defecaciones para esparcirlas, como el caso del vecino de Ester, es una forma ancestral de marcaje de territorio, algo que los niños aún tienen en su herencia genética. Pero, como él mismo apunta, en nuestra «tribu evolucionada» ya no sirve de nada.
La pregunta que surge es demoledora: si estamos permitiendo la entrada en España de personas que, según la justicia, son inimputables, ¿de qué nos sirven? ¿Qué van a aportar? Van a ser, en palabras de Crobu, «personas dependientes del sistema español». Un sistema que, al parecer, los infantiliza y, al hacerlo, desprotege a sus víctimas.
La raíz de la explotación y la prostitución de estas niñas en Ceuta, según Crobu, reside en la importación de una concepción cultural de la mujer como ser inferior que puede ser explotado por aquel que tiene «propiedad» sobre ella. Se las prostituye por dinero, y si dicen que es por comida, es porque las privan de ella para forzarlas a ello.
Un reflejo de nuestra propia historia reciente
Crobu nos recuerda que esta realidad, por desgraciada que parezca, no es tan ajena a nuestra historia. Hasta hace muy poco tiempo, en España, existían prostíbulos ilegales donde mujeres de otros países eran encerradas y literalmente esclavizadas para la prostitución. A cambio de su «trabajo», recibían comida y un lugar donde dormir, pero siempre en condición de esclavas. Si nuestra sociedad, teóricamente avanzada, ha tenido este tipo de tratos hasta hace tan poco, «imagínate ellos que son mucho más atrasados en cuanto a evolución de los derechos de la mujer y de la igualdad», sentencia Crobu. Es tremendo.
El papel de las ONGs y la ley de privacidad de edad
En este contexto, me llega un informe militar privado y confidencial que circula en redes, pero que gente de fiar me asegura que es cierto: en Ceuta, las ONGs están repartiendo folletos en árabe, francés y español para informar a los inmigrantes de que pueden negarse a una prueba médica que revele su edad. Es cierto que la ley, en su afán garantista de la privacidad, así lo permite. Pero cabe preguntarse si, en una situación como la que estamos viviendo, este tipo de información no acaba por agravar un problema que ya es de por sí insostenible.
La desprotección de las víctimas, la laxitud con los agresores y la importación de concepciones culturales que atentan contra la dignidad humana son un cóctel explosivo que España no puede permitirse. La justicia debe ser un baluarte, no un coladero.
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