La comisión que no investigará nada

Empiezo hoy con una convicción amarga: España se ha acostumbrado a la chapuza institucional como si fuera normalidad democrática. Y no lo es. Lo que hemos visto tras el accidente ferroviario de Córdoba es, de nuevo, un simulacro de investigación, una puesta en escena diseñada para que nada cambie y nadie responda.

No es una opinión ligera. Es un patrón. Cada tragedia importante bajo este Gobierno termina igual: creación de un “comité de expertos” que no hace nada, que no aclara nada y que sirve únicamente para ganar tiempo y diluir responsabilidades. Ocurrió con el confinamiento de 2020, con la Dana de Valencia, con el gran apagón energético y ahora vuelve a ocurrir con un accidente que ha costado más de 40 vidas.

España vive una degradación institucional profunda. La democracia ha sido sustituida por una autocracia de bajo perfil, dirigida por un poder político incapaz de asumir responsabilidades. Aquí ya no hablamos de izquierdas o derechas. Hablamos de decencia frente a indecencia.

Tras la tragedia de Angrois, con 80 muertos, Europa obligó a España a crear comisiones de investigación ferroviaria independientes. La ley se aprobó en 2024. ¿Resultado? Nunca se aplicó. Hoy, el comité que “investigará” el accidente de Córdoba está formado por las mismas personas que investigaron Angrois. El presidente es el mismo: Ignacio Barrón, directivo histórico de Renfe, es decir, alguien que se investiga a sí mismo.

No hay independencia. No la hay ni en el presidente ni en los seis miembros del comité. Todos han trabajado o trabajan para Renfe, ADIF o empresas proveedoras de ADIF. Es el lobo vigilando el gallinero.

Lo más grave no es solo la falta de ética. Es el sistema. Un sistema diseñado para que el Estado nunca pague, para que la culpa se desplace a empresas privadas, para que no haya indemnizaciones reales, para que ningún alto cargo pise una cárcel. En España nunca ha entrado en prisión un ministro por una tragedia múltiple causada por negligencia. Nunca.

Mientras tanto, seguimos descubriendo datos inquietantes: soldaduras mal hechas, materiales no homologados, empresas premiadas pese a errores previos, directivos reciclados de un escándalo a otro. Y, por si fuera poco, la unidad de emergencias ferroviarias fue suprimida meses antes del accidente, pese a que había elaborado mapas de puntos negros donde figuraba el tramo afectado.

Esto no es mala suerte. Es corrupción estructural. Y la corrupción mata.

No podemos dejar a nuestros hijos y nietos un país podrido. No sirve cambiar siglas si se mantienen los mismos vicios. Hay que cambiarlo todo desde abajo, exigir verdad, exigir justicia y exigir responsabilidades penales. Porque las víctimas merecen algo más que minutos de silencio: merecen verdad, nombres y condenas.

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