María Jesús Montero, Hacienda y una investigación que ya no se puede mirar hacia otro lado

En los últimos días, mientras el foco público sigue puesto en Pedro Sánchez, hay otra pieza clave del Gobierno que empieza a aparecer en los informes y en las conversaciones de los investigadores. Hablo de María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Y no hablo por intuición ni por opinión: hablo de una investigación en marcha.

Los hechos son claros. Dos de sus colaboradores más directos han sido detenidos y están a punto de ingresar en prisión. Personas que ocuparon puestos ejecutivos en el Ministerio de Hacienda, no cargos menores ni figuras decorativas. Personas que, según lo que se está conociendo, multiplicaron su patrimonio de forma difícilmente explicable.

Se habla de incrementos patrimoniales millonarios, de propiedades de lujo en Madrid, Marbella y Sevilla, de movimientos económicos incompatibles con los ingresos oficiales conocidos. Y todo ello mientras ocupaban responsabilidades clave dentro del aparato del Estado encargado, precisamente, de vigilar y perseguir el fraude fiscal.

Aquí hay una cuestión que no se puede eludir. La responsabilidad jerárquica existe. No es creíble —ni legalmente aceptable— que dos personas tan próximas a la ministra actuaran durante años sin que ella lo supiera. En Hacienda, más que en ningún otro ministerio, la cadena de mando es clara. Y la ignorancia no exime de responsabilidad.

Por eso, según fuentes bien informadas, la UCO está investigando directamente a María Jesús Montero. No como un daño colateral. No como una figura lejana. Como parte central de un entramado que no pudo operar sin cobertura política. La pregunta ya no es si se investiga, sino hasta dónde llegará la investigación.

Hay algo especialmente grave en todo esto. Si quienes dirigían áreas clave de Hacienda estaban implicados en prácticas corruptas, ¿qué validez tienen las inspecciones fiscales realizadas bajo su mandato? ¿Qué garantías tienen los ciudadanos y los autónomos que han sido perseguidos hasta el último céntimo mientras otros acumulaban millones?

Estamos hablando de un ministerio que ha exprimido fiscalmente a la población, que no ha tenido piedad con pequeños empresarios ni trabajadores, y que ahora aparece rodeado por sospechas de corrupción al más alto nivel. Esto no es solo un escándalo político. Es un problema estructural de confianza en el Estado.

A día de hoy, los casos se acumulan alrededor de María Jesús Montero. Las detenciones ya se han producido. Las investigaciones avanzan. Y lo razonable, en una democracia sana, sería que alguien asumiera responsabilidades. Pero aquí, como estamos viendo una y otra vez, nadie dimite.

Que nadie se lleve a engaño. Si todo esto se confirma, no estaremos ante un caso aislado, sino ante uno de los mayores escándalos de corrupción institucional ligados al Ministerio de Hacienda en democracia. Y entonces ya no valdrán ni el silencio ni las excusas.