Sarkozy entra en prisión por financiación ilegal… ¿y Sánchez?

Hoy, mientras medio mundo habla de la entrada en prisión de Nicolas Sarkozy, yo no puedo evitar hacerme una pregunta: ¿qué pasaría si aplicáramos en España el mismo rigor judicial? El expresidente francés ha sido condenado por financiación ilegal de campaña, una práctica que aquí parece formar parte del paisaje político, pero que rara vez acarrea consecuencias.

En Francia, la justicia ha demostrado que nadie está por encima de la ley. Sarkozy va a prisión. En España, en cambio, tenemos un presidente que ha regado con millones de euros a empresas que, casualmente, gestionan procesos electorales y campañas públicas. Y nadie se inmuta. Pedro Sánchez continúa firmando decretos, anunciando ayudas, manipulando cifras y comprando voluntades sin que pase nada.

¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está el Tribunal de Cuentas? ¿Dónde está la independencia judicial que se supone garantiza la democracia?
Si Sarkozy es culpable por financiar ilegalmente su campaña, ¿cuántos políticos españoles deberían seguir su camino?

El expresidente Nicolas Sarkozy ha ingresado en prisión tras confirmarse la sentencia por financiación ilegal de su campaña electoral de 2012. La justicia francesa ha considerado probado que superó los límites de gasto permitidos y que existió una contabilidad paralela con fondos no declarados.

En España, el contraste es inevitable: el gobierno actual ha destinado 4.200 millones de euros a Indra, empresa que controla buena parte de los sistemas electorales y tecnológicos del Estado. A pesar de las denuncias y los indicios de conflicto de intereses, nadie ha sido investigado ni imputado.

La comparación duele, pero es necesaria: en Francia, el poder responde ante la ley. En España, el poder es la ley.

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